El caso de la exgobernadora Amparo Arbeláez Escalante pasó por las manos del destituido procurador Alejandro Ordoñez. Fueron muchos los personajes colombianos sancionados por este controvertido personaje. Piedad Córdoba, Sabas Pretelt, Miguel Ángel Moralesrussi, Germán Olano, Gustavo Petro, entre muchos otros, cayeron en manos de Ordóñez el hoy destituido.
Pese a las críticas que ha recibido por varios sectores políticos y sociales, el procurador general, Alejandro Ordóñez Maldonado, ha tomado en su gestión decisiones que han llevado a la destitución de congresistas, excongresistas y funcionarios públicos por los actos de corrupción, irregularidades administrativas y nexos con grupos armados ilegales.
Pero sin duda, el tema que lo cataloga como uno de los procuradores más polémicos y duros de los últimos años ha sido su apropiación en el escándalo de corrupción por contratos viales en Bogotá: la suspensión del alcalde Samuel Moreno, la destitución del contralor Miguel Ángel Moralesrussi, la inhabilidad del excongresista Germán Olano por los mismo hechos, la destitución del exalcalde de Bogotá Gustavo Petro, y sus posturas contra el proceso de paz entre las Farc y el Gobierno.
Y es que no han sido pocas las críticas a las negociaciones, pues a su parecer los diálogos traerán impunidad y las víctimas no serán reparadas.
Balance.
En 2015 la Procuraduría sancionó a 195 alcaldes, 113 concejales, 13 gobernadores, dos diputados y un senador -que fue Odín Sánchez-, decisiones que ya quedaron en firme.
Igualmente, fueron sancionados 53 secretarios, 33 gerentes, 28 personeros, 25 docentes, 21 soldados, 6 patrulleros, 5 oficiales, 5 sargentos, 5 inspectores de Policía y dos rectores, entre otros.
El balance recoge que desde que Ordóñez está en el cargo, el año 2009, han sido sancionados 11 Senadores, 5 Representantes a la Cámara, 94 Gobernadores, 1627 Alcaldes, 22 Diputados y 1128 Concejales.
Los sancionados:
Piedad Córdoba
Aunque la investigación inició en agosto de 2008, tras la incautación del computador del abatido jefe guerrillero conocido con el alias de ‘Raúl Reyes’ y el anuncio realizado por la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía sobre la apertura de investigaciones a los congresistas y funcionarios que pudieran llegar a tener nexos con la guerrilla, hasta el 13 de abril de 2010 el procurador formuló pliego de cargos en contra de la entonces senadora liberal.
Las razones aducidas por el procurador general fueron “presuntos vínculos con las Farc y ejercer posiblemente actos tendientes al fraccionamiento de la unidad nacional, conocida en derecho como traición a la patria.
El 27 de septiembre de 2010 la Procuraduría hizo pública la decisión de destituir e inhabilitar por 18 años a Córdoba por colaborar con grupos al margen de la ley y promoverlos. Esta decisión fue tumbada por el Consejo de Estado y se ordenó el pago de una millonaria indemnización a favor de Piedad Córdoba.
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