La Defensora del Pueblo Piedad Correal Rubiano se mostró preocupada frente al aumento en las capturas y judicializaciones registradas por porte y tráfico de sustancias psicoactivas.
Por: Angélica Bermúdez
Priorizar el tratamiento en la judicialización de los capturados en el departamento del Quindío, especialmente lo relacionado con el transporte de alucinógenos, solicitó la Defensoría del Pueblo a las autoridades de policía en esta parte del país.
Piedad Correal Rubiano aseguró que una cosa es el porte de este tipo de sustancias y otra muy diferente el tráfico de estupefacientes, añadió que los organismos administradores de justicia están colapsados por la gran cantidad de personas capturadas por este flagelo.
Frente a los altos índices de criminalidad registrados en la región y los datos estadísticos que se manejan, la funcionaria dijo que no se le está dando un buen manejo a la situación, ya que no toda persona que es sorprendida con sustancias alucinógenas, debe ser trasladad a la URI y puesta además ante un juez, pues muchos de ellos no son traficantes sino consumidores.
Archivar
Resaltó que en lo que va corrido del año ya son más de 1400 casos que gracias a la intervención de la Defensoría, se han logrado archivar y precluir con sentencias absolutorias. Frente a este tema durante el Consejo de Seguridad del miércoles, se logró estructurar un plan de acción que permita reducir los altos índices en las estadísticas, es así como se comenzará a implementar una estrategia donde por medio de sicólogos ubicados en la URI, se re direccionen las personas capturadas e identificadas como consumidores a un centro de atención especial para farmacodependientes.
Por parte del gobierno seccional se planteó una reunión extraordinaria con la Fiscalía, la Secretaria de Salud y la Defensoría del Pueblo para realizar el acompañamiento a la Fiscalía propiamente en el punto de la URI, la propuesta y el planteamiento del proyecto, es ubicar profesionales como médicos y sicólogos que generarán una evaluación que permita identificar la ruta de atención ya sea judicial o de mitigación en drogadicción y se pueda catalogar mas como consumidor que como traficante.
Desde la Defensoría se reconoció la labor adelantada por la Policía y la Fiscalía en la desarticulación de las ollas y pequeños expendios de drogas, pero a su vez se hizo un llamado para integrar al Ejército Nacional con el fin de realizar un trabajo mancomunado que permita identificar y judicializar las bandas dedicadas al hurto rural.
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