Con fecha de 14 de septiembre del año en curso, quiere decir este jueves, la Procuraduría General de la Nación emitió el boletín número 745 donde confirma la citación a audiencia pública a la exgobernadora Sandra Paola Hurtado Palacio y a varios de sus colaboradores durante su administración, quienes deberán responder por varios cargos descritos en la providencia. Textualmente sin ningún cambio y tal como aparece en la página de la Procuraduría en Bogotá, transcribimos el texto oficial.
Fuente: PGN
La Procuraduría General de la Nación citó a audiencia pública a la gobernadora de Quindío, Sandra Paola Hurtado, para el periodo 2012 – 2015, y los gobernadores encargados, Jhon Jaime Fernández y Julio Ernesto Ospina Gómez, por presuntas irregularidades en contratación.
A través de la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal se investiga la participación en actividad contractual de los exfuncionarios, quienes al parecer transgredieron el principio de transparencia y el deber de selección objetiva de la contratación estatal, al suscribir seis convenios interadministrativos con Empresas Públicas del Quindío (EPQ) y la Promotora de Vivienda del Quindío (Proviquindío), presuntamente sin tener en cuenta que estas entidades no tenían la capacidad para ejecutar los objetos contractuales.
A la diligencia también deberán asistir Heildelmann Grajales Puentes y Jhonny Alberto Rodríguez Jaramillo, exgerentes de EPQ y Proviquindío, quienes habrían infringido el principio de responsabilidad de la contratación al firmar dichos convenios, y al no tener las condiciones para desarrollarlos, al parecer, subcontrataron la ejecución de las obras públicas y la elaboración de los estudios y diseños que les fueron encomendados.
El órgano de control recordó que las entidades públicas se deben regir por el principio de transparencia que les indica el deber de contratar con quienes tengan la capacidad de proveer el bien o servicio requerido.
“(…) El artículo 24 de la Ley 80 de 1993, establece que será objeto de escogencia del contratista cuando la Entidad encargada de adelantar el proceso de contratación defina reglas objetivas, justas, claras que permitan recibir la mayor cantidad de ofertas, haciendo plausible que en la contratación estatal se adelanten procesos en igualdad de condiciones para todas las personas que estén en la capacidad de ofrecer el bien o servicio que se requiera”.
La Procuraduría calificó la presunta falta de los cinco investigados como gravísima a título de culpa gravísima para los exgobernadores, y culpa grave para los exgerentes.
La diligencia se llevará a cabo el jueves 21 de septiembre a las 9:00 a. m. en las instalaciones de la Procuraduría General de la Nación.
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