Presento excusas de antemano a los lectores por la extensión de este artículo, máxime cuando en el no van a encontrar nada original, ni opiniones que no conozcan o hayan escuchado, ni vayan a descubrir que el agua moja. Es que estoy entre perplejo y atónito. Se han desencadenado tantas circunstancias desfachatadas en la actualidad, que se atiborran los argumentos para meditar sobre si es que vamos desbocados hacia el abismo o que atravesamos por momentos previstos que hacen parte del movido devenir colombiano, con optimistas y fácticas soluciones.
Creo que hay que optar por las segunda de las perspectivas. Mientras más se agudicen los líos, es más indispensable apelar a las respuestas y a las esperanzas, con exigente grado de urgencia. Nuestra sociedad colombiana de ahora, tiene que sacudirse y aterrizar. A los grandes males, grandes remedios. El primero, identificar la realidad, con toda su desnudez y dureza, pero siempre con la verdad. Enfrentarla. Y ahí va mi cuento.
Hoy debemos exigirle al Estado colombiano, a su gobierno, la absoluta verdad sobre dos episodios, que, si no se clarifican con nitidez, falsearíamos las bases de nuestras instituciones: el primero, lo sucedido en San Vicente del Caguán, por los enfrentamientos entre la policía y campesinos protestantes. Y el segundo, como es fácil de suponer, la actuación sospechosa del hijo del presidente de la república, Nicolás Petro Burgos, que está ya bajo el escrutinio de las autoridades investigativas y judiciales. Que deben actuar con singular y acelerada decisión, para que no nos desgastemos durante tiempos prolongados en saber el desenlace, con la consiguiente erosión de la gobernanza y la gobernabilidad del recién instalado régimen mayoritario de su señor padre, a quien habrá que desearle que logre torear con éxito este trance, tan semejante al conocido proceso 8.000. Ojalá que este nuevo elefante no acabe con la cristalería.
Nos vamos a enfocar en el primero. Lo de San Vicente del Caguán, cuya narrativa está trillada, pero que a una semana de los hechos, son más las preguntas que flotan en el aire, que las respuestas contundentes sobre su desarrollo, obligación de ofrecerlas a cargo, en principio, de los ministerios de Defensa y de Gobierno y de los altos mandos de las fuerzas armadas, a las que está adscrita la policía nacional.
78 policías y nueve empleados fueron privados de su libertad por una amalgama de campesinos e indígenas, que se manifestaron en jauría por incumplimiento de promesas oficiales y de la petrolera china que explora en esa zona. Esos reclamantes, según el ministro de Gobierno, unos cinco mil, constituían o constituyen, una guardia campesina, «maravillosa», «hermosa», uno de cuyos integrantes, a quien se debe individualizar, degolló a uno de los policías en medio de los enfrentamientos, al subintendente Ricardo Arley Monroy Prieto. Por disparo de la policía resultó muerto el campesino Reynaldo Arévalo. Las circunstancias en que se produjo este hecho deben ser esclarecidas, e individualizada, de igual manera, la sindicación.
A los policías les quitaron sus armas, o las entregaron, no se sabe. Al terminar su secuestro -decir su retención es lo políticamente correcto para el gobierno-, ¿las devolvieron?. No se sabe. Lo que sí se sabe es qué clase de armas fueron decomisadas por la guardia civil, con funciones militares de hecho. O sea, secuestradora. El acucioso, inteligente y recursivo Doctor Alfonso Prada, debe tener el inventario de lo que les quitaron a los agentes del orden. Pero es bueno recordárselo: 72 equipos, integrados por cascos, escudos y armaduras; 5 celulares con protección especial para situaciones de orden público; 7 cámaras de casco; computadores y celulares personales de los uniformados; 8 armas de fuego del esquema de seguridad del comandante operativo de la Policía del Caquetá y 13 armas no letales de diferentes calibres usados para disparar granadas de humo, gases lacrimógenos y aturdidoras con su respectiva munición, según lista que publicaron los periodistas de Caracol.
¿Que se hicieron las armas? ¿Las detentan los integrantes del cerco humanitario, que se las apropiaron al apresar a los policías y a quienes ya inermes los sometieron a toda clase de vejámenes, los encerraron como en un chiquero y los obligaron a permanecer, atónitos y tristes, frente al cadáver de su compañero, durante cuatro interminables horas? ¿O estarán en manos de los criminales o subversivos, que dicen que permanecían al acecho de los resultados de la revuelta, incluidos los actos incendiarios contra las instalaciones de la refinería? ¿Por qué se habla de apenas 8 armas de fuego «incautadas» por los revoltosos, por los cinco mil integrantes del cerco humanitario? Porque al nuevo Esmad le está prohibido portar armas cuando hay movilizaciones. El ESMAD, ya no es Escuadrón Móvil Antidisturbios sino UNDMO, o sea Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden. ¡Santa Pacha…! Cójanme este trompo en l’uña. Claro, hay que reconocerlo. Con el cambio de nombre y de mentalidad, nos evitamos una tragedia de orden catedralicio, con centenares de víctimas inútiles en las filas de los protagonistas del enfrentamiento. Punto para el gobierno de la Colombia humana.
Si sigo con mis inquietudes sería de nunca acabar. Ya la Procuraduría y la Fiscalía abrieron pesquisas en busca de la objetividad de los graves desafueros que se cometieron en la vereda el Pozo de San Vicente del Caguán. Pero yo como ciudadano de a pie, opino y considero que en el Congreso se debe efectuar un debate de control político al gobierno de Gustavo Petro, representado por los Ministros de Gobierno y de Defensa, Alfonso Prada e Iván Velásquez, en su orden, para que de una vez nos aclaren qué son los tales cordones humanitarios y hasta donde llegan sus funciones, enmarcadas en la ley. Porque sus denuestos, humillaciones y abusos contra la institución policial exigen condignos castigos para sus autores y repudio general por parte de la sociedad, so pena de que tan execrables conductas sean el origen de la anarquía generalizada. Dirijamos la mirada hacia Antioquia. Y no cometamos más errores como los de San Vicente del Caguán, so pena de que esta democracia de quinta, que, como lo dijo el ideólogo uruguayo Pepe Mujica, es una porquería, pero una porquería mucho mejor que todas las demás formas de gobierno, tenga un entierro de pobre.
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