La Constitución de 1991, dió un impulso vital al garantismo judicial en Colombia y a la persecución criminal de los delitos y delincuentes, modificando la ecuación del sistema penal Colombiano que trajo la escuela Anglosajona al hemisferio occidental. No es para menos y en buen tiempo, que la antigua estructura de las doctrinas inquisitivas de seguridad nacional fueran revaluadas. Ningún sistema penal es perfecto, pero el menos imperfecto es el actual sistema que le sustrajo al estado la responsabilidad de perseguir el delito. A partir de las nuevas realidades Nacionales, La fiscalía empezó sus funciones como un órgano que concentraba mucho poder judicial, hasta el año 2004, sufriendo el sistema procesal penal, una transformación extraordinaria, separando las tareas propias de investigación y acusación a la fiscalía, y dejando a los jueces la imputación, las medidas de aseguramiento y el juzgamiento de delincuentes y fue el departamento de Caldas y su capital, el primer laboratorio que puso en marcha el sistema penal acusatorio en Colombia a partir del 2005. Es así, como las múltiples reformas,la creación de nuevas leyes, y la intensidad de la jurisprudencia, desplegaron una actividad sin precedentes en la historia contemporánea en el régimen penal Colombiano. Todos felices al comienzo, se creía que iba a ser la redención judicial para aplicar una cumplida y oportuna justicia, pero la realidad fue otra. De nada sirvió una teoría tan profusa en intenciones, ideas, en política criminal, generosa en filosofía liberal, garantías procesales, protección y derecho de las víctimas, etc. No porque no existiera el material logístico necesario, ni el cuerpo formado de expertos, juristas, o estructura judicial, los palos de ciego se empezaron a dar por varias razones: Una ingerencia política sin precedentes en la conformación de los cuadros directivos tanto nacional como regional de las fiscalías y una intromisión en la judicatura en lo que se denomina “politización de la justicia”. En segundo lugar, una política criminal fracasada que no interpretó los cambios sustanciales en una sociedad que clama persistentemente justicia, en tercer lugar, un aparato paquidérmico por falta cada vez más de recursos para la ampliación de la planta de fiscales y jueces, en cuarto lugar, un legislativo que no se sabe para donde va, cada vez que zozobra la justicia, en quinto lugar, el show mediático de los medios masivos de comunicación que presionan al estado, a través de noticias macabras para crear nuevos tipos penales y más carceles. En sexto lugar, una desarticulación de la triada- investigación y acusación, juzgamiento y condena- (cárceles). Cada cual marcha por su lado, resolviendo sus propios conflictos. En séptimo lugar, la carencia de una reforma integral y de fondo al sistema judicial, no con los paños de agua tibia, cada que hay un suceso que sacuda las fibras de la sociedad. En Octavo lugar, una política penitenciaria que sobreaguó y de la que nada hay para reestructurarla, otra que es víctima, pero al mismo tiempo responsable, cada que se suscita un escándalo de dimensiones siderales. La fiscalía en su inmensa mayoría, está conformado por hombres y mujeres abnegados, trabajadores, estudiosos, con un gran sentido de pertenencia, amor y vocación al servicio, pero dejados a la intemperie laboral, largas jornadas abarcando tiempo de descanso, muchos con tratamiento psiquiátrico y otras enfermedades derivadas de su carga laboral. Esos hombres y mujeres que se juegan hasta su propia vida en el quehacer de sus tareas, son los que hacen grande ética y profesionalmente la entidad. No así quienes desde arriba viven de sus trabajos. Desde el primer fiscal Gustavo de Greiff, hasta el actual Francisco Barbosa, nombrados más por interés político que funcional, algunos más que otros, en una tarea vergonzosa de conveniencias partidistas, esa situación pone a la fiscalía en un desequilibrio en la persecución delictual, mientras que la pirámide en la base trabaja objetivamente para dar los resultados imparciales en la comisión de cualquier delito y sus autores, en la cúspide se presiona para que esos resultados favorezcan a sus adláteres, amigos, o copartidarios. El origen político del actual fiscal, se cruzó ideológicamente con uno muy diferente en su periodo constitucional. Por eso la desvergonzada, descarada, impúdica, y mediática actitud del fiscal contra el gobierno contrario a sus réditos cortesanos. Será porque se encontró con un presidente contrario al que lo postuló en su momento, el de sus entrañas personales, políticas y amigables.. El deber ser de la propuesta a la terna del fiscal, es la escogencia de uno por sus méritos academicos, profesionales y éticos, más por vocación jurista, que por razones políticas. Podemos afirmar que hay más fiscalía que fiscal general, que hay más fiscales que imágen, y mucho más compromiso que compromisarios!
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