Ya no hay disculpa, la administración municipal de Armenia en cabeza del abogado-exdeportista James Padilla García, tiene en sus manos el Plan de Desarrollo debidamente estudiado, analizado y aprobado por el Concejo Municipal, que luego de extensos debates le concedió al mandatario las herramientas legales establecidas en el documento que le da vida a su verdadero plan de gobierno. Es el Plan de Desarrollo la principal guía de un mandatario, en él se sustenta cada uno de los proyectos e inversiones que se deben ejecutar en los próximos 3 años y seis meses de gobierno. De acuerdo a lo aprobado, durante ese periodo la administración de Armenia dispondrá de un poco más de 2.7 billones de pesos, una cifra elevada considerada como histórica, así mismo se plantea un empréstito por 200 mil millones de pesos para la ejecución de al menos cinco obras prioritarias que exige la ciudad.
Mientras por el municipio hubo celebración con la aprobación del Plan de Desarrollo, por los lados del gobierno departamental se espera que este lunes la Asamblea Departamental del Quindío proceda a darle vía libre a su Plan de Desarrollo luego de largas semanas de socialización y análisis correspondiente. El gobernador dispondrá igualmente de una atractiva cifra que supera los 2.1 billones de pesos, enmarcados en interesantes proyectos que incluyen obras en la ciudad de Armenia como pocas veces se ha visto por parte de mandatario departamental alguno. En este caso, para el arquitecto Juan Miguel Galvis Bedoya la capital amerita toda la atención desde el edificio de la gobernación, por eso entrará a la ejecución de algunas obras consideradas prioritarias para la comunidad. El Gobierno Por y para la Gente, como se denomina, espera sembrar una larga huella que deje historia en su gobierno.
Como muy pocas veces ocurre, la Contraloría General de la República sede Quindío, hace presencia siguiéndole la huella a los hallazgos denunciados en este departamento por el vicecontralor general, hoy encargado de la dirección nacional, Carlos Mario Zuluaga Pardo.
A través de los años, el periodista-columnista, pero además avezado e intrépido cronista Emerson Castaño González, oriundo de Quimbaya, se ha ido posicionando como un decidido defensor de las causas justas, que a través de sus profundas investigaciones ha logrado destapar entuertos, torcidos y actos de corrupción en varios estamentos del departamento, señalando culpables que finalmente han sido sometidos a la justicia.
Es indudable que las oportunas denuncias del periodista Emerson Castaño González jugaron un papel trascendental en este proceso, tan cierto es que el Juzgado Segundo Penal con Función de Conocimiento avaló documentos, testimonios y pruebas adjuntas. Emerson se jugó la vida por una causa, luego de identificar responsables de la conspiración contra Libardo Antonio Taborda Castro y las personas vinculadas al mismo.
Luego de conocerse sobre los últimos movimientos al interior del equipo del gobierno municipal comenzando por la secretaría de Desarrollo Social, cargo al cual renunció inesperadamente María Teresa Ramírez, relevos en algunas subdirecciones que incluyen la oficina de comunicaciones donde no se ha logrado conformar un equipo sólido que respalde y haga visible la gestión del mandatario, este columnista pudo establecer de una fuente muy cercana a la administración, que no se descartan algunos otros cambios, y que muy seguramente James Padilla García, habría impartido directrices concretas exigiendo un mayor rendimiento en la totalidad de despachos, donde se habla ,inclusive, de ultimátum, o trabajan o se van. Así de sencilla fue la definición que aporta nuestra fuente, quien goza de la más absoluta credibilidad. Hoy cuando el Plan de Desarrollo ha tomado el rumbo que esperaba el alcalde, igual se estima que desde el despacho se apretarán tuercas para que el colectivo trabaje de forma sincronizada, al menos es lo que se espera.
Con un coadyuvante, la entrega de nuevas pruebas documentales, como la solicitud para que se citen nuevos testimonios, forman parte del paquete de documentos reportados al Consejo de Estado dentro del proceso de nulidad electoral contra el gobernador Juan Miguel Galvis Bedoya.