El sistema de salud en Colombia está inmerso en una crisis que amenaza con desbordarse. La Unidad de Pago por Capitación (UPC), herramienta esencial para financiar los servicios médicos, tuvo un incremento del 5,36% para 2025, según el anuncio del Ministerio de Salud. Este aumento, calculado con base en la inflación, es insuficiente para cubrir las crecientes necesidades del sector, dejando en evidencia la fragilidad estructural del sistema.
Un déficit insostenible
Proyecciones económicas indican que el sector acumulará un déficit de $19,7 billones este año, una cifra alarmante que incluye las deudas arrastradas desde 2022. Este desbalance pone en peligro la operatividad de clínicas, hospitales y EPS, aumentando la presión sobre los recursos públicos y privados. Según datos de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), la deuda proyectada para 2025 alcanzará los $10,4 billones si no se toman medidas correctivas inmediatas.
La limitada actualización de la UPC no solo afecta la capacidad financiera de las entidades prestadoras, sino que también compromete derechos fundamentales, como el acceso a tratamientos oportunos y medicamentos esenciales. Esto representa un riesgo grave para los pacientes con enfermedades crónicas o de alto costo, quienes dependen de un sistema en deterioro constante.
Consecuencias para los pacientes y la economía
La situación ya ha comenzado a reflejarse en el terreno. Los tiempos de espera para recibir servicios médicos se han prolongado, y la escasez de medicamentos especializados sigue siendo una problemática recurrente. En especial, los fármacos de alto costo, indispensables para tratar enfermedades graves, enfrentan dificultades de suministro.
Desde un punto de vista económico, estas deficiencias están trasladando el costo a las familias, quienes deben asumir un mayor gasto de bolsillo para garantizar su acceso a la salud. Este fenómeno no solo afecta a los pacientes, sino que también amplifica las desigualdades en un país donde la salud debería ser un derecho y no un privilegio.
Una metodología cuestionada
Los gremios económicos y del sector salud han criticado la metodología del gobierno para calcular la UPC. Afidro, organización que reúne a las principales farmacéuticas, advirtió que basar el ajuste únicamente en la inflación ignora factores clave, como el envejecimiento de la población, el aumento de enfermedades crónicas y la inclusión de nuevos tratamientos.
“Reducir el análisis a un simple índice de inflación desconoce las verdaderas necesidades del sistema y pone en riesgo la continuidad de los tratamientos. Esta decisión genera inestabilidad financiera y podría traducirse en una fragmentación aún mayor de los servicios médicos”, declaró un portavoz del gremio.
¿Reforma o colapso?
Mientras la crisis financiera del sistema se agudiza, el debate sobre su sostenibilidad está más vigente que nunca. La introducción de modelos de pago por resultados surge como una posible solución para optimizar los recursos y aliviar las presiones económicas. Sin embargo, su implementación requiere reformas estructurales que, hasta ahora, no parecen estar en la agenda gubernamental.
La salud en Colombia no solo enfrenta retos financieros, sino que también refleja un desequilibrio entre las demandas de los ciudadanos y la capacidad de respuesta del Estado. Si no se toman decisiones contundentes y sostenibles, el país podría enfrentarse a un colapso sanitario que impactará no solo a los pacientes, sino también a la economía nacional en su conjunto.
El llamado es claro: actuar con decisión para proteger un sistema que está en riesgo de fallar en su misión más fundamental, garantizar el derecho a la salud de los colombianos.
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