Es lamentable y triste ver como los recursos del presupuesto del Sistema General de Regalias (32 billones de pesos para el actual bienio 2025-2026) son objeto del más despreciable e inmoral saqueo por parte de redes y conglomerado organizados para la corrupción y el enriquecimiento ilícito de clanes políticos y familiares (nacionales, regionales y locales).
Hay toda una ingeniería criminal montada para atrapar y desviar miles de millones de pesos que deberían beneficiar a las comunidades en la solución de sus más apremiantes problemas como los del agua potable, la energía, el tratamiento de aguas negras, las vías, la reforestación, las comunicaciones, la educación, la salud y el desarrollo agrícola y productivo.
El sistema utilizado es el de los “contrataderos” elevados al rango de entidad pública (por el Ministerio del Interior) para permitir la firma exprés de Convenios interadministrativos. Los nombres de esos parapetos contractuales se repiten por todos lados: Aremca de Barranquilla, Asosupro de los Llanos, Fondo Mixto del Deporte de Dilian en Cali, Consorcio Popayán, Fondo de la Universidad del Valle, Agencia de Infraestructura del Meta (ahora de Rafaela), Fondo Mixto Sierra Nevada de Valledupar y otros.
Los robos y escándalos se repiten y todo queda en la impunidad. Así sucedió con el escándalo del Ocad paz en el primer semestre del 2022, durante el gobierno de Duque; igual con las valientes denuncias de Alexander Lopez como director del DNP en el 2023, en las que fue más al fondo para indicar que más de 16 billones de pesos de las Regalias están perdidas, se los robaron estos tiburones de la delincuencia de cuello blanco y perfumada, ligada a los clanes políticos de los territorios.
Necesitamos persistir en las denuncias, pese a los riesgos, en la movilización de las veedurías y las auditorias comunitarias, en las Audiencias comunitarias, en el control social de las juntas comunales, en los debates parlamentarios, para que pongan el dedo en la llaga y destapen toda esta podredumbre que incluye una muy oscura burocracia anclada en todo el esquema administrativo de manejo de las Regalías a través de los Ocad.
En este caso quiero llamar la atención sobre recientes denuncias y escándalos de las veedurías, de la Procuraduría y de otros instrumentos de control social a la inversión pública.
Me refiero a las movidas del Fondo Mixto Sierra Nevada (de Valledupar) en Puerto Gaitán; a una doble calzada en Florencia (Caquetá), entregada al Fondo Mixto del Valle del Cauca; a la construcción de la sede de la Universidad de la Amazonia en San José del Guaviare; a la via entre Tuluá y Ceilán (Valle del Cauca), que se tragó olímpicamente la Fundación de la Universidad del Valle, y a las dobles calzadas e intercambiadores viales de Villavicencio.
Caso Puerto Gaitán y Sierra Nevada.
En el caso de “Sierra Nevada”, la Procuraduría General de la Nación debió abrir una indagación previa contra servidores públicos por identificar de la Alcaldía de Puerto Gaitán (Meta) y el Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, Desarrollo Integral y la Gestión Social ‘Sierra Nevada’, por presuntas irregularidades en la designación del ejecutor (contratista de bolsillo) del contrato por $ 18.372’331.865, para adelantar los estudios y diseños para el mejoramiento de vías rurales de Puerto Gaitán, Meta.
La entidad de control está averiguando si hubo incumplimiento de los requisitos del Sistema General de Regalías para la viabilización, priorización y aprobación de este proyecto de inversión, si la información sobre el estado de ejecución contractual y de la consultoría se comunicó, si se suministraron copias de la documentación relacionada con la ejecución precontractual y contractual, entre otras.
Todo indica que el Fondo Mixto ‘Sierra Nevada’, con recursos provenientes del Sistema General de Regalías habría vulnerado los principios de transparencia, selección objetiva y pluralidad de oferentes, la contratación estatal y la gestión fiscal propia de toda entidad pública, según lo señalaron las veedurías denunciantes.
En ese sentido la Procuraduría Provincial de Instrucción de Villavicencio decretó recientemente la práctica de pruebas con el fin de esclarecer los hechos objeto de la indagación.
Según la Procuraduría, el proceso de vigilancia inició tras recibir denuncias de veedurías ciudadanas y medios de comunicación alternativos que advertían sobre presuntos malos manejos administrativos en la contratación y operación del Fondo Mixto Sierra Nevada, así como inconsistencias en el manejo de recursos provenientes del erario público. La investigación preventiva, liderada por la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia de la Función Pública, busca determinar la idoneidad y transparencia de este Fondo, que ha sido ejecutor de múltiples proyectos públicos tanto a nivel nacional como territorial.
También se indaga si se cumplió con la entrega de información sobre el estado de ejecución contractual y de la consultoría, así como con la entrega de copias de la documentación correspondiente a las etapas precontractual y contractual.
Como ejecutor de varios proyectos públicos a nivel nacional, y territorial, (por un valor superior al billón de pesos) el ente de control requirió a las directivas del Fondo Mixto Sierra Nevada, información sobre las entidades públicas y privadas que lo conforman, también si existe un manual técnico sobre los lineamientos para definir proyectos de infraestructura y documentación sobre firma de convenios o contratos interadministrativos desde 2021.
la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia de la Función Pública, pretenden identificar la idoneidad y transparencia del Fondo Mixto Sierra Nevada, como operador de recursos públicos, así como la trazabilidad de su contratación y la claridad sobre sus procedimientos técnicos y administrativos.
Al parecer, el ente territorial y el flamante Fondo mixto vallenato habrían vulnerado los principios de la función pública, la contratación estatal y la gestión fiscal.
Caso doble calzada de Florencia.
En el caso de la doble calzada en el norte de Florencia (Caquetá), el Departamento Nacional de Planeación impuso una nueva medida de suspensión de pagos por presunto riesgo de pérdida de los recursos del Sistema General de Regalias el 6 de junio del 2015.
Esa acción sancionatoria se impuso por presunto uso ineficaz e ineficiente de recursos públicos en el proyecto: “Mejoramiento de doble calzada en la vía de acceso e intercomunicación de los municipios del norte del Caquetá a la ciudad de Florencia», ejecutado por el Fondo Mixto para la Promoción del Deporte y la Gestión Social, hoy Gestora de Proyectos para el Desarrollo – GESPRODE.
En el marco del proceso administrativo de control adelantado por la Dirección de control Dsec, se conocieron nuevos hechos derivados de visita realizada por el DNP al proyecto en la cual se establecieron graves deficiencias técnicas, incumplimiento del alcance aprobado y una presunta pérdida por $22 mil millones.
Así, en ejercicio de su función de seguimiento, evaluación y control, la Subdirección General del Sistema General de Regalías, del Departamento Nacional de Planeación (DNP), impuso una segunda medida (sanción) de protección inmediata de suspensión de pagos sobre un proyecto de inversión que evidencia graves riesgos en su ejecución y gestión financiera.
La medida fue adoptada en el marco del Proceso Administrativo de Control No. 750-24, tras una visita técnica que evidenció múltiples irregularidades. Entre ellas, se destaca la ejecución del proyecto por fuera del alcance aprobado, deficiencias técnicas en las obras, ajustes significativos al presupuesto inicial y la falta de certeza sobre el uso eficaz y eficiente del recurso.
Es de anotar, que las medidas de suspensión de pagos tienen dos instancias de decisión (reposición y apelación), razón por la cual en la segunda instancia se dio extrañamente el levantamiento de la suspensión de pagos (inducida por Jhon Jairo Girón quien fue destituido del cargo de director de la Dsec), dado que el ejecutor presentó el balance de las obras ejecutadas, sin embargo, atendiendo a que se conocieron nuevos hechos en visita realizada por el DNP tal y como: deficiencias técnicas, incumplimiento del alcance aprobado y cambios significativos que afectaron las obras de urbanismo, gestión predial, reubicación de glorieta entre otras, así como, una presunta pérdida de recursos por valor de $22 mil millones, se impuso nuevamente la medida de suspensión de pagos.
El proyecto de inversión, denominado “Mejoramiento de doble calzada en la vía de acceso e intercomunicación de los municipios del norte del Caquetá con la ciudad de Florencia”, tiene un valor total de $36.301 millones. De este monto, se giraron $22.890 millones al ejecutor: el Fondo Mixto para la Promoción del Deporte y la Gestión Social, hoy Gestora de Proyectos para el Desarrollo – GESPRODE. Con la medida impuesta, se suspendieron $12.410 millones pendientes por pagar, hasta tanto el ejecutor GESPRODE, adelante las gestiones necesarias que permitan la ejecución y terminación del proyecto en las condiciones aprobadas.
El alcance aprobado para esta iniciativa contempla el mejoramiento de 2 kilómetros en doble calzada con pavimento rígido, la construcción de una glorieta, instalación de tubería, sumideros, muros de contención y luminarias LED, así como el desarrollo del sistema de alcantarillado pluvial, señalización vial y obras complementarias como el Parque Pescaíto y un bulevar. El tramo intervenido va desde el sector de Los Colonos hasta la Villa Amazónica, en la vía que conecta los municipios del norte del departamento del Caquetá con su capital.
Sede de la Universidad de la Amazonia en San José del Guaviare.
El caso de la construcción de la sede de la Universidad de la Amazonia en San José del Guaviare (en Agua Bonita) es igualmente aberrante. La obra la contrato la directiva de ese centro docente en Florencia, con una inversión superior a los 36 mil millones de pesos de los cuales se anticiparon 23 mil millones; la misma corre el riesgo de convertirse en un elefante blanco pues el contratista está pidiendo un ajuste de 17 mil millones de pesos.
Las dobles calzadas de Villavicencio.
Igual sucede con las obras de las dobles calzadas de Villavicencio y los intercambiadores viales de la salida para Puerto Lopez, a la altura del rio Ocoa en la entrada hacia Porfía. Ahí están refundidos más de 280 mil millones de pesos que presuntamente han ido a parar a los bolsillos del senador Vega y de Carmelo, el marido de la ex gobernadora Marcela Amaya.
Otros casos.
Por los mismos pasos está la construcción del Acueducto rural del Patía por 136 mil millones de pesos, y el sistema de redes eléctricas del Pacifico entre el Cauca y Nariño por un valor de 550 mil millones de pesos con graves daños ambientales y territoriales que afectan varias decenas de consejos comunitarios y cabildos indígenas.
