Los primeros pasos con los que avanzó el constituyente en 1990, fue crear una constitución política sólida, ampulosa, incluyente y participativa y que se dio, cuando los constituyentes iniciaron la discusión, del que sería el cuerpo de normas más ambicioso que abarcara, con enorme compromiso, el rescate de la centralidad del ser humano, como fundamento deontológico y sus derechos naturales, para llevarlo al formato Constitucional, como la razón de ser de su sustrato, enmarcado en los derechos civiles y ciudadanos.
Por eso irrumpió un grupo de constituyentes que impulsaron el principio vital de los derechos fundamentales, nervio de la filosofía liberal, en contraposición con una Constitución de corte individualista, y monolíticamente estructurada, como la fenecida de 1886, en la que el estado era una muralla infranqueable que todo lo decidía, «en nombre de Dios fuente suprema de toda autoridad».
Ellos, solo un puñado de valerosos demócratas – los demás, arribaron por diferentes vertientes políticas – pero sin la vocación ambiciosa de estos, que revitalizaron los conceptos sociológicos de los pensadores franceses, que ubicaron al hombre como razón de ser de la existencia del estado. Los constituyentes Álvaro Gómez Hurtado, Horacio Serpa, Antonio Navarro Wolf, Jaime Castro y el exmagistrado Hernando Herrera, dieron fé con su firma, lo que inspiraban sus corazones y sus principios: Una Constitución que pusiera en la plataforma del pueblo sus derechos, como un sol que alumbrase los principios fundamentales y sus garantías. De esa pléyade de demócratas, no se incluye a Carlos Lemos Simmons otro firmante que se movía más por un conservadurismo protector del estado, del mercado y sus finanzas y del liberalismo individualista.
La paz y la inclusión social, fueron las frases acrisoladas de la Constitución que nos rige. La institución más importante y como una deidad jurídica que representase esa inclusión y su fundamento fue la defensoría del pueblo, como quiera que fue la que mejor interpretó el alma constituyente y le produjo un avance sustancial a los derechos fundamentales.
Creada por la ley 24 de 1992, que desarrolló el art. 282 de la CN: «El defensor del pueblo velará por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos»; de no ser por su creación, hubiese sido inane, todos los esfuerzos para desarrollar el espíritu revolucionario de su innovación. En los posteriores desarrollos legislativos, se impulsó la ley 941 de 2005, que puso en marcha el sistema nacional de defensoría pública, que tuvo como objetivo esencial «garantizar el acceso a la justicia penal para todas las personas, independientemente de su situación económica o social.
El sistema (el estado) se encargará de prestar servicios de defensa pública gratuita, asegurando que todos los ciudadanos tengan acceso a la justicia en condiciones de dignidad y respeto». Lastimosamente quienes no tienen las condiciones de dignidad y respeto, son los mismos profesionales que el estado puso para garantizar esos derechos ciudadanos. El desbalance es abrumador. Entre tanto quienes debemos con sacrificio, amor, y comprensión defender en los estrados judiciales a los más débiles de la población, somos los que más débilmente recibimos un trato injusto de un estado, que cada día se torna más exigente y cicatero, con quienes con dedicación profunda, nos jugamos a diario la defensa material de sindicados, y víctimas del farragoso mundo criminal creciente y desproporcionado , Todo inversamente, mientras aumenta la criminalidad, a los defensores públicos nos ensanchan responsabilidades y nos disminuyen los ingresos. No se compadece que hoy un adalid de la defensoría pública tenga tanta precariedad económica, comparativamente con los demás actores de la operación judicial en Colombia, incluyendo la procuraduría, que mientras cabalgan por un sendero sin obstáculos, los defensores lo hagamos por atajos tortuosos, mal remunerados y de inusual exigencia.
La delegación de la procuraduría per se, son convidados de piedra y meros espectadores del debate procesal, (es la institución, no me refiero por respeto a sus funcionarios). El actual gobierno del presidente Petro, por sus principios y defensa de los DD.HH, de la defensa de la vida, y de ser un líder promotor de los Derechos ciudadanos, debiera de velar por los intereses del defensor público. No lo ha hecho. Si como predica que la vida, y el ser humano están en el centro de su pasión e interes por la nación, no solo debe pensar en los protegidos, también debe hacerlo con quienes los defienden.
El defensor público, en la triada de la justicia en Colombia se haya en la cola de un potro salvaje, que día tras día cabalga con peladuras, llagas y las patas cansadas de su trote Cancino y vencido por las injusticias, como en el maravilloso soneto los potros de José Eustasio Rivera» atropellados por la pampa suelta, los raudos potros en febril disputa, hacen sonar sobre la sorda ruta, los huracanes en su crin revuelta»…
*NOTA FINAL … Esté gobierno entregó a la procuraduría general de la nación para su funcionamiento en el año fiscal 2026, 600 mil millones de pesos, y a la defensoría le recortó 60 mil millones. Que cambio de actitud, cuando el mismo fue uno de los promotores cuando fue congresista, incluso en la campaña presidencial, de acabar con esta institución. Mientras que un procurador delegado, particularmente gana más que un juez, un defensor público gana menos que una migaja de su colosal salario, comparativamente hablando.
