Se habla de un cambio institucional, de reformas en la parte fiscal, en lo político, electoral a medias, conservando la estructura actual del Consejo Nacional Electoral, que más que una instancia que busque la modernización de la política nacional, seguirá siendo una corporación manejada por los partidos políticos, normas que faciliten la paz total como bandera del actual ejecutivo, pero en algo tan indispensable para la concordia de los colombianos como lo es la justicia, solo tibios mensajes, con anuncios incoherentes de quienes tienen la responsabilidad de asumir esas reformas ante la opinión pública.
Ahora bien, si el estado como ente jurídico y los que integramos el concepto de nación, anhelamos la paz, debemos ser conscientes que esta tiene un punto de partida y un punto de llegada, que es la pronta y cumplida justicia, pero no puede considerarse como verdadera justicia, el esperar 6, 7 ó más años un fallo judicial, muchas veces con decisiones distantes de la pretensión invocada, o lo más lamentable sentencias inhibitorias proscritas por la ley, en donde el juez da respuestas muertas a preguntas vivas, pudiéndose incurrir en eventuales errores jurisdiccionales como fuente de denegación de justicia.
La congestión y el atraso judicial campean en los despachos judiciales, fallos a destiempo, ronda el formalismo procesal, desconociéndose el mandato constitucional del derecho sustancial, violación de los términos legales de obligatoria observancia, elevados a mandato constitucional, sin considerar los hechos de corrupción de algunos togados que han insultado la majestad de la justicia, los reiterados viajes al exterior, los habituales paros ordenados por las organizaciones sindicales, como los encuentros de las jurisdicciones en el reducido calendario judicial, que nos hace concluir que estamos en una etapa de incredulidad e inseguridad jurídica.
Un llamado al gobierno como al congreso, para que se aborde una verdadera reforma, estructural, que proyecte políticas de racionalización de la oferta judicial, que permita reducir la congestión, frenar el crecimiento descontrolado de procesos a través de los mecanismos de resolución de conflictos, unos procedimientos más expeditos en vista de la desconfianza de las partes entre si y ante el funcionario judicial, modificaciones legales, por cuanto la misma ley constituye un factor de congestión y atraso.
Ha llegado el momento de dignificar la justicia, la que está en cuidados intensivos y como tal debe ser tratada sin ocultar esa realidad dolorosa como palpable.
ADENDA. Con el sofisma de “despolarizar a la sociedad colombiana,” intención en teoría loable, se ha radicado un proyecto de ley por parte de voceros del pacto histórico, pero que en el fondo trae unas normas que atentan contra el libre disenso, la libertad de expresión, como el artículo que le impone a los partidos políticos actualizar sus códigos de ética para “evitar que cualquiera de sus miembros promueva, distribuya, difunda escritos o cualquier otra clase de material para fomentar o incitar directamente o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia.” Norma que atenta contra la crítica política, propia del debate democrático, como la vulneración de los derechos políticos de la militancia de cualquier partido. Trasfondo peligroso para las libertades políticas. Ojo avizor.
*Ex magistrado
Visitas: 0