El nuevo modelo de salud de los educadores colombianos y su implementación para casi 820 mil maestros, es objeto de una amplia controversia nacional por las dificultades que se están presentando desde el 1 de mayo en que despego la transición.
Los educadores públicos colombianos gozan desde el año 1989, cuando se expidió la Ley 91 por el presidente Virgilio Barco, de un régimen especial de salud y prestacional –como ocurre con las Fuerzas Militares, con los trabajadores petroleros y con las universidades públicas-.
Honrando su palabra de campaña presidencial con Fecode, el ex presidente liberal Virgilio Barco, creó con la mencionada ley 91, el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) que se financia con los aportes de los educadores y del Estado, los cuales son administrados por la Previsora que es una sociedad de economía mixta del orden nacional, sometida al régimen de las empresas industriales y comerciales, que está vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Empresa de Seguros que nació el 6 de agosto de 1954, que por muchas décadas ha sido controlada por reconocidos gamonales conservadores como el parlamentario Efraín Cepeda Saravia de Barranquilla, quien ha hecho una enorme –gigantesca- fortuna (depositada en bancos europeos y de la Florida) con la red de contratistas y operadores, -en este caso el único que ha monopolizado los contratos en 25 departamentos-, que a lo largo de 3 décadas han tenido el control de la salud de los educadores públicos.
Así que el FOMAG, en honor a la verdad, es una conquista social y laboral de la lucha de los maestros organizados en la Federación Colombiana de Educadores por largos años, desde que, en la década del 60, con las históricas huelgas lideradas por Adalberto Carvajal, se alcanzó la organización del Situado Fiscal educativo y los Fondos Educativos Regionales (FER) por parte del ex presidente Carlos Lleras Restrepo con su trascendental y masiva reforma del Estado.
En el actual debate, el FOMAG no está en cuestión. El FOMAG es uno de esos logros de la “lucha de clases” colombiana con amplia incidencia en la organización del Estado que se debe blindar y preservar por encima de cualquier otra consideración.
Sin embargo, el clientelismo y la corrupción lo permearon por décadas, con graves daños para la salud de los docentes y sus familias. 4 o 5 operadores o intermediarios se adueñaron –al amparo de la narrativa neoliberal de la Ley 100 de 1993- de la prestación de los servicios de los educadores. Con decir que solo un contratista –muy conocido, por cierto- llego –y tiene, aun hoy- a monopolizar los contratos en 25 departamentos mediante un sistema de componendas, amarres con ciertos directivos magisteriales, tráfico de influencias y pagos de jugosas coimas, mediante transferencias bancarias desde los hospitales hacia cuentas bancarias privadas. Otros contratos de salud claves en departamentos como Cundinamarca, Bogotá y Antioquia, quedaron en manos de otros operadores con fuertes vínculos hacia directivos magisteriales que migraron al mercadeo político y electoral de la “izquierda”. Cuando posteriormente se dieron algunos ajustes para regionalizar la contratación con los Operadores que tenían todo amarrado, nada cambio. Esas empresas de papel se las arreglaron para quedarse con todo gracias a la complicidad de directivos del FOMAG, de la Previsora y del Senador de marras.
Todo esto debería aclararlo una Comisión de la Verdad sobre la corrupción en el FOMAG en las últimas décadas. Comisión en la que participen los educadores, Fecode, las veedurías y las Auditorias ciudadanas contempladas en la ley 1757 del 2015.
El presidente Gustavo Petro se comprometió con el país y la comunidad educativa, a corregir todos estos problemas de la atención de la salud de los maestros, la integración vertical, la intermediación financiera y la inoperancia de los mecanismos de auditoría y control, elementos que resumen en buena medida los males que golpean a casi 820 mil afiliados al FOMAG, sometidos por décadas a la no entrega de medicamentos, la no planeación oportuna de cirugías y procedimientos, demoras en citas para medicina especializada y pésimos índices de salud, no obstante que los maestros tiene un régimen exceptuado, en términos de derechos y una UPCM bastante superior a la de cualquier sistema de salud en el país.
Sobre ese panorama es que el Presidente Petro avanza en un proceso de concertación y acuerdos con los dirigentes de FECODE para pactar el nuevo modelo de salud, formalizado en el Acuerdo 03 del 1 de abril del 2024, aprobado por el Consejo Directivo del FOMAG, con el cual se reforman los lineamientos para la contratación de la Prestación de los Servicios de Salud del Magisterio.
El nuevo Modelo empezó a caminar el 1 de mayo del año en curso y la transición –como en cualquier campo de la sociedad- no ha estado exenta de complicaciones. Se han presentado problemáticas agudas en la dispensación de los medicamentos, tarifas, sedes, referencias y contra referencias.
Y quién dijo miedo. Enseguida cayeron los buitres de la oposición de la ultraderecha neofascista y sus medios de comunicación corporativos (Semana, La w, Caracol) a pescar en rio revuelto para mantener la carga del “golpe blando” contra el gobierno popular, que FECODE contribuyo a elegir mayoritariamente.
Los que nunca vieron las irregularidades en la salud de los docentes; los que nunca se fijaron en la corrupción en el FOMAG, porque comían con las redes criminales de operadores en el mismo plato; los que jamás dieron espacio a las luchas de los maestros; los que reprimieron, violentaron y asesinaron a cientos de educadores públicos con el Esmad, los escuadrones militares y los grupos paramilitares, ahora aparecen como los salvadores y protectores de miles de trabajadores de la educación. ¡Que cinismo! ¡Que descaro! el de estas hienas de la politiquería. Seguro, detrás de todo esto esté el senador Cepeda mencionado para ver como saca provecho del complejo tránsito hacia el nuevo modelo.
Pero tal parece que en esta telaraña de oportunistas y traficantes se encuentra el actual presidente de la Previsora, el abogado (de la retardataria Universidad la Gran Colombia) Mauricio Marín, de Armenia, cuota de senadores santistas de Montería; muy ligado a Giovanny López, otro abogado y gran mercader con las prestaciones de los maestros, dueño de una multimillonaria fortuna en el Quindío y Bogotá.
El presidente Petro ha dicho que una de las dificultades con el nuevo Modelo de salud del magisterio está relacionada con una falla en el software contratado, pues con ese mismo programa se está direccionando –enviando- a los maestros con los operadores que durante 30 años han controlado al FOMAG. Y todo indica que hubo varios funcionarios públicos que le abrieron el camino para que Marín armara la red a su antojo, como en efecto lo está haciendo.
Lo cierto es que detrás del software llamado HORUS HELTH se encuentra un viejo conocido del actual presidente de la Fiduprevisora, Mauricio Marín; se trata de Jorge Rocha Paternina, quien fue el contratista de salud para los pensionados de Ferrocarriles de Colombia a través de Sumimedical cuando Marín era el director allí. También en esa época, Rocha se presentó con el mismo software que hoy tiene en crisis al nuevo sistema de salud de los profesores.
Jorge Rocha, además de la Fiduprevisora, también es un viejo conocido en el Ministerio de Educación y en el FOMAG, porque lleva más de 15 años ganándose el millonario contrato de salud de los maestros en los departamentos de Antioquia y Chocó, a través de la empresa RED VITAL. El tipo se reencauchó –con la ayuda de Marin- en este nuevo modelo, siendo el dueño del software HORUS HEALTH.
Con esta denuncia, lo obvio es que el señor Mauricio Marin salga de la previsora y que se anule el contrato con Jorge Rocha Paternina. Además, que se conforme una comisión con las Veedurías y Auditorias ciudadanas para impedir que los viejos y conocidos operadores migren impunemente hacia el nuevo modelo como si nada.
Pienso que el nuevo Modelo de saludo superara los obstáculos presentados inicialmente específicamente en la asignación de citas, las tarifas en las IPS, la distribución de medicamentos, las autorizaciones para cirugías y la atención con especialistas.
El cuadro de los beneficiarios del nuevo Modelo de Salud de los educadores es bastante complejo y requiere de administradores asertivos y medidas eficaces. El Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, ha hecho las cosas correctamente y los señalamientos contra él son parte del repertorio de mentiras y manipulaciones a que nos tiene acostumbrados la gran prensa corporativa.
En efecto, con corte a diciembre de 2023, el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio contaba con un total de 828.990 afiliados, de los cuales los docentes activos (incluidos los activos pensionados) representaban el 57.32% y los beneficiarios de esos afiliados el 42.67%.
De los 828.990 afiliados, 402.114 son mayores de 50 años (es decir, el 48.9 % del total). De esos 402.114 afiliados, 113.789 (13.89%) son mayores de 69 años y es en ellos en donde se concentra el mayor riesgo de padecer enfermedades crónicas no transmisibles, degenerativas y neoplásicas (tumores).
Un diagnóstico que realizó el Fomag en diciembre de 2023 indica que para el año 2023 los ciclos de vida más afectados por malas condiciones de salud entre los maestros fueron vejez y adultez para las patologías de Cáncer (Vejez tasa de 1454,4 x 100.000 afiliados y adultez 463,4 x 100.000 afiliados) y Artritis (Adultez 439,5 x 100.000 afiliados y Vejez 209,3 por 100.000 afiliados). Para entender la dimensión de las anteriores cifras, hay que saber que, según estima el Ministerio de Salud, Colombia tiene una tasa nacional de incidencia de todos los tipos de cáncer de alrededor 222,5 por 100.000 habitantes. La artritis, por otro lado, es una enfermedad crónica que afecta a una gran proporción de la población adulta mayor en todo el mundo.
Del total de la población afiliada, 5.726 personas registran algún tipo de discapacidad, afectando en una mayor proporción a la población beneficiaria (74,2%). La mayor afectación está concentrada en discapacidad mental/psíquica (57,3%), seguido por discapacidad física (38,9%). En cuanto a mortalidad, en 2023 este sistema reportó la muerte de 2.006 afiliados. Ocupan un lugar importante en mortalidad las neoplasias (tumores) con una tasa de 35,04 x 100.000 afiliados y enfermedades transmisibles con una tasa de 23, 83 x 100.000.
El Ministro de Salud, Jaramillo, ha indicado que hay unos desafíos que ha encontrado el nuevo modelo, la red está fragmentada y no responde a las necesidades de los docentes o sus beneficiarios, no hay un sistema de información unificado porque los contratistas operaban aparte. No existe un sistema de seguridad y salud en el trabajo pedagógico de los maestros.
El nuevo sistema de salud propone, para la atención de estos miles de personas, una red primaria de orden municipal, la cual será garantizada en IPS exclusivas, privadas, públicas o mixtas. En lo que tiene que ver con la prestación de mediana y alta complejidad, esta deberá ser garantizada mediante IPS privadas, públicas o mixtas que conforman la red de servicios en la subregión, departamento, y región. El modelo divide al país en regiones (8 regiones) y en nodos regionales, de los que pueden hacer parte uno o varios departamentos.
Los profesores de Colombia pueden acudir a cualquier IPS para solicitar servicios de salud.
Esto incluye la prestación de medicamentos de baja complejidad de alto costo o control especial. Los servicios deberán ser facturados bajo la modalidad de pago por evento a la tarifa Soat plena o a la tarifa vigente en el portafolio de cada institución, y serán dirigidos al Patrimonio autónomo del Fomag, administrado por Fiduprevisora S.A.
Las IPS deberán seguir estrictamente las instrucciones para facturación y radicación de atenciones en salud por evento.
Además, deberán atender las disposiciones establecidas en la Circular 047 de 2022, que incluyen la implementación de redes colaborativas institucionales en coordinación con las secretarías departamentales y distritales de Salud, o las entidades equivalentes.
Aquellas IPS que estuvieron contratadas hasta el 30 de abril y tenían en trámite la prestación de servicios de salud y tecnologías, deberán completar dicha atención sin requerir autorización previa.
Los servicios prestados serán facturados a la tarifa pactada con el anterior operador y seguirán las instrucciones específicas para la facturación y radicación de atenciones en salud por evento, publicadas por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
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