Un grupo de personas privadas de la libertad en el Quindío podrían ser cubiertas con el decreto expedido por el gobierno nacional y que señala los condenados por algunos delitos menores como sujetos de medida cautelar de carácter domiciliario. Así lo dijo el secretario del Interior del departamento Eduardo Orozco Jaramillo a la prensa regional.
“El departamento viene haciendo un análisis de la mano con la Fiscalía a nivel regional, específicamente con los jueces de instrucción, para estimar el alcance de la medida”, indicó el jefe de la cartera, “el listado de quienes podrían salir de los centros de reclusión durante la época de confinamiento depende de los cargos, los cuales fueron tipificados en el decreto nacional”.
Como se recordará, el instrumento jurídico emitido desde el gobierno central permitiría que cerca de 4 mil presos en el país sean trasladados a sus sitios de residencia bajo la figura de detención preventiva o prisión domiciliaria transitoria por seis meses.
Entre los casos se cuentan quienes cumplan con una pena de cinco años o menos, por delitos culposos, los que hayan cumplido el 40% de la pena privativa de la libertad, así como ser mayor de 60 años y haber sido condenado por los delitos explícitamente excluidos, ser madres gestantes o con hijos menores de tres años de edad, con movilidad reducida por discapacidad, o que estén enfermos de cáncer, VIH, insuficiencia renal, diabetes, insulinodependientes o trastorno pulmonar.
Con información de la Gobernación del Quindío
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