Con la expedición del decreto reglamentario, comienza a regir en forma en Colombia la ley que pretende combatir el llamado “matoneo escolar”, esto es, el acoso estudiantil o “bullying” y la violencia general en los establecimientos educativos, al igual que evitar el embarazo en adolescentes.
La citada ley, que creó el ‘Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar’, fue sancionada por el presidente Juan Manuel Santos en marzo pasado y ahora el primer mandatario firmó el decreto reglamentario.
Tal como lo establece la ley, el “matoneo” o “acoso escolar o bullying”, es una conducta negativa, intencional metódica y sistemática de agresión, intimidación, humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento deliberado, amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos contra un niño, niña o adolescente, por parte de un estudiante o varios de sus pares con quienes mantiene una relación de poder asimétrica, que se presenta de forma reiterada o a lo largo de un tiempo determinado. También puede ocurrir por parte de docentes contra estudiantes, o por parte de estudiantes contra docentes, ante la indiferencia o complicidad de su entorno. El acoso escolar tiene consecuencias sobre la salud, el bienestar emocional y el rendimientoescolar de los estudiantes y sobre el ambiente de aprendizaje y el clima escolar del establecimiento educativo. Otra forma de “matoneo”, es el maltrato sicológico que se ejerce entre estudiantes en forma continuada y que se denomina “ciberbullying” o “ciberacoso escolar”, porque se hace a través de las redes sociales, la telefonia móvil y video juegos online. El presidente Santos destacó que la ley crea una ruta de atención en casos de violencia y un sistema nacional único de información para reportar estos casos de violencia y de embarazo en adolescentes, y da la posibilidad de brindar incentivos a quienes cumplan las exigencias y expectativas de la convivencia, así como imponer sanciones a quienes no lo hagan. Con esta ley, el Gobierno Nacional crea mecanismos de prevención, protección, detección temprana y de denuncia ante las autoridades competentes, de todas aquellas conductas que atenten contra la convivencia escolar, la ciudadanía y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes dentro y fuera de la escuela. La ley indica además la ruta para fortalecer las estrategias para prevenir la deserción escolar, la cual es causada en buena medida por la violencia escolar y el embarazo en adolescencia. Precisamente, en éste último aspecto, Colombia es hoy uno de los países de América Latina con más altos índices de embarazo en adolescentes, con un 19,1% de estas jóvenes entre 14 y 19 años; la mitad de ellas abandonan la escuela para dedicarse a la maternidad. Al efecto, dispone liderar en los establecimientos educativos acciones que fomenten la convivencia, la construcción de ciudadanía, el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos y la prevención y mitigación de la violencia escolar entre los miembros de la comunidad educativa. Además, convocar a un espacio de conciliación para la resolución de situaciones conflictivas que afecten la convivencia escolar, por solicitud de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de oficio cuando se estime conveniente en procura de evitar perjuicios irremediables a los miembros de la comunidad educativa. Según la ley, los objetivos del Sistema nacional de convivencia escolar y formación para los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar, son: 1) Fomentar, fortalecer y articular acciones de diferentes instancias del Estado para la convivencia escolar, la construcción de ciudadanía y la educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes de los niveles educativos de preescolar, básica y media. 2) Garantizar la protección integral de los niños, niñas y adolescentes en los espacios educativos, a través de la puesta en marcha y el seguimiento de la ruta de atención integral para la convivencia escolar, teniendo en cuenta los contextos sociales y culturales particulares. 3) Fomentar y fortalecer la educación en y para la paz, las competencias ciudadanas, el desarrollo de la identidad, la participación, la responsabilidad democrática, la valoración de las diferencias y el cumplimiento de la ley, para la formación de sujetos activos de derechos. 4) Formular recomendaciones para garantizar el adecuado desarrollo, complementación y mejoramiento de la ruta de atención integral en los establecimientos educativos en el marco del Sistema Nacional. 5) Definir, vigilar, evaluar y realizar seguimiento a las acciones del sistema nacional de convivencia escolar y formación para los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar, a partir de los reportes del Sistema de Información Unificado del que trata el artículo 28 de la presente Ley. 6) Garantizar que la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar sea adoptada por los niveles, las instancias y entidades que forman parte de la estructura del Sistema y que asuman la responsabilidad de su puesta en marcha en el marco de sus funciones misionales. 7) Coordinar con la Comisión Nacional Intersectorial para la Promoción de los Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos las acciones que le son propias en el ámbito escolar, en particular aquellas que en el marco de las funciones de la Comisión estén orientadas al logro de los Objetivos del Desarrollo del Milenio, específicamente los referidos a incidir en la reducción del embarazo juvenil y de las enfermedades de transmisión sexual, como un indicador integral de desarrollo social. 8) Promover y liderar estrategias y acciones de comunicación, que fomenten la reflexión sobre la convivencia escolar, la prevención, mitigación y atención del acoso escolar, la violencia escolar y la disminución del embarazo en la adolescencia, la divulgación de la presente Ley y de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar, vinculando a los medios de comunicación nacional, regional y comunitarios. “Acertada la eliminación de facultades a Mininas para establecer precios de combustibles” Bogotá, 11 de Septiembre ¬_RAM_.- La senadora Alexandra Moreno Piraquive (MIRA), calificó de acierto la decisión de la Corte Constitucional de tumbar la facultad que tenía el Ministerio de Minas para establecer el precio de los Combustibles en el país mes a mes. Bogotá D.C. septiembre 11 de 2013. (Prensa senadora Alexandra Moreno).- Según Moreno Piraquive, “la decisión de la Corte es un acierto sin precedentes que confirma que si existían fallas protuberantes en los procedimientos con que el gobierno venía realizando durante años incrementos a los precios de los combustibles. La Congresista del MIRA señaló, que el Congreso debe asumir su papel y sacar adelante el proyecto de ley que busca cambiar la fórmula para establecer los precios a los combustibles, que fue presentado hace unas semanas y ya tiene ponente en la Comisión Quinta del Senado. La Corte Constitucional con su fallo, le dio la razón a la Comisión de Seguimiento a los Precios de los Combustibles del Senado que desde hacía más de dos años venía denunciando ante el Congreso la manera cínica como el gobierno venía imponiendo aumentos en los precios de la gasolina y el ACPM sin consideración alguna, anotó Piraquive. La legisladora quien lleva varios años luchando por un precio justo en los combustibles afirmó además que, “ésta decisión abre un paso gigante para que el Congreso de la República y los ponentes del proyecto no tengan ahora ninguna excusa al tramitar la iniciativa de bajar de una vez por todas el precio de la gasolina y el ACPM en Colombia”.
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