¿Qué significa? Es estar libre de prejuicios, de centrarse en la objetividad de la denuncia o demanda al tomar decisiones en la queja o juicio, sin consideraciones subjetivas, ya que como fallador tiene que estar totalmente alejado del conflicto de interés, más allá de toda duda razonable, respetando el marco jurídico existente, sin interpretaciones amañadas, que vulneren los derechos constitucionales.
El tema reviste importancia en los momentos actuales en que se conocen denuncias contra personajes de la vida política nacional, que salpica la imagen presidencial, que seguramente será aprovechada para buscar una inestabilidad institucional, sin conocer los resultados de la justicia, que es la rama competente para definir si lo denunciado tiene asidero jurídico, de allí que se solicite celeridad, eficiencia, eficacia, sin dilaciones que en nada beneficia la incertidumbre por la que se atraviesa.
La imparcialidad es un término jurídico que alude a la garantía procesal que el juez no debe ser parte en el proceso en que debe proferir fallo, término a veces vulnerado, que hace generar factores de incredulidad ciudadana frente al sistema judicial operante.
Ahora bien; los que habitamos este país sentimos hoy que la certeza moral de la república está abocada a una instante crucial de su destino y comprendemos que sólo podrá salvarla un aliento de grandeza de quienes tienen el deber y la obligación de hacerlo, como gobernantes, voceros de los partidos, grupos políticos, sociedad civil, estamento judicial, sector industrial, como empresarial.
La frase del ex presidente Lleras Restrepo cobra vigencia, “un país descuadernado”, y no es para menos, cuando la estructura del estado es impregnada y atacada por la insurgencia, corrupción que carcome el estado, una inseguridad ciudadana en las ciudades, zona rural, carreteras, con una respuesta estatal, consejos de seguridad, y recompensas, pero de inteligencia militar nada se dice, emigración de compatriotas en las búsqueda de un mejor futuro, al constatar que se premia al bandido, al salteador, con bonificación mensual, que al joven que lucha día para el sustento diario, una justicia tímida, pero vigorosa y fuerte para los débiles y ancha para los poderosos, en la aplicación del principio de oportunidad, llamado coloquialmente de impunidad.
Momento difícil el presente, decayendo la confianza que muchos evocaban con el arribo de un nuevo modelo político en la conducción del estado, tiempo para corregir los errores, escuchar el sentir ciudadano, mejorar las relaciones con la rama legislativa, sobre las reformas que se consideren necesarias para el desarrollo del país, sin caer en las concesiones presupuestales, burocráticas, como contractuales, regresando por las buenas prácticas en un modelo diferente en la gobernanza, rodeándose de funcionarios conocedores de la realidad social , y no como premio a una militancia ideológica.
Que el gobernante entienda que representa la dignidad de un país y que se debe al interés colectivo y social, que la clase política serene sus ánimos, depongan intereses, sacrifiquen un poco de vanidad, y de apetito burocrático.
Se gobierne no a través del espejo retrovisor, ya que el panorámico es mucho más amplio y produce mejores resultados.
Adenda: Llamó la atención la sencilla hoja con que se remitió la terna a Fiscal General a la Corte Suprema de Justicia, por parte de la Presidencia, sin logotipo presidencial, que daba la sensación de una descortesía protocolaria.
No se pierde nada con respetar los buenos modales, máxime cuando se trata de organismos superiores.
Adenda dos: Avanza el calendario electoral para un nuevo aire administrativo para dos capitales como lo son Bogotá, la capital de todos, y la señorial Manizales.
Los votantes de estas regiones no pueden volver a incurrir en estos graves descuidos electorales, donde solo hay dos perdedores: la ciudadanía y el desarrollo colectivo.
*Ex magistrado
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