Empieza el agite electoral que nos llevará a unos certámenes electorales del 26 que de acuerdo con la norma constitucional al vencimiento de un periodo, el pueblo puede escoger libremente a sus gobernantes que lo han de regir en el nuevo periodo, así como a sus voceros en las corporaciones legislativas y administrativas, con el siguiente mandato: “el voto es un derecho y un deber ciudadano“, y como tal debe ser respetado, libre de cualquier coacción, restricción o constreñimiento que impida su libre ejercicio.
No es sano ni conveniente para la poca democracia que nos queda, dividir al votante en buenos y malos, que aquel que no esté con el gobernante de turno, se le considera un traidor, apátrida, un insidioso, y atenta contra la estabilidad política de la nación.
De igual manera no es aceptable, que algunos dirigentes traten de utilizar su poder político y burocrático para ejercer una indebida presión de considerar como los salvadores de la patria a los candidatos que representan el actual ejercicio político partidista, descalificando de antemano, a quienes ejerciendo un derecho emanado de la norma superior tratan de buscar el favor popular con tesis y propuestas diferentes a las del establecimiento oficial.
En una verdadera democracia participativa, es la neutralidad el principio que debe imponerse, no significando con ello que los funcionarios públicos les esté prohibido tener unas ideas políticas, un criterio, una adhesión a un partido, dar su opinión en el debate electoral con su voto y seguramente faltarían a su deber ciudadano, si dejaran de hacerlo.
Lo que se pide es que se abstengan de intervenir abiertamente en los procesos electorales que se avecinan, muchas veces abusando de sus cargos con arengas y diatribas contra sus contradictores, actuación muy propia de quien ejerce la primera magistratura, como de sus subalternos, so pena de ponerse en peligro los beneficios estatales, de servicios públicos, de salud, vivienda, etc.
Lo sano es que quienes aspiran a representarnos expongan con toda libertad sus planes y programas de gobierno, porque no hay duda, que pesar de los esfuerzos de todos los gobiernos, buenos, regulares o malos, las regiones necesitan carreteras, vías de penetración, hospitales, fuentes de empleo, seguridad, y mucho más.
Que se dé un comportamiento oficial con altura y dignidad para la búsqueda de una democracia auténtica, que para bien o para mal se definirá en los comicios venideros, respetando los resultados, la voluntad popular expresada a través del voto.
El origen popular por sí mismo no garantiza la excelencia de los elegidos, ni el acierto del gobierno, pero esa es la democracia, su esencia y su naturaleza y la debemos respetar y acatar.
Algo por demás importante: el papel que deben desempeñar las veedurías de los partidos, en el análisis de las hojas de vida de los candidatos a obtener el apoyo popular, libres de investigaciones de todo tipo, con reconocimiento profesional, social y político, sin ser áulicos de funestos personajes regionales.
ADENDA UNO. A propósito de la propuesta de la elección popular de jueces y magistrados que se tramite en el país mexicano, viene originado un debate que posiblemente se trasladará a nuestro país, se cuestiona la pérdida de la independencia y autonomía que son los pilares fundamentales del sistema judicial en cualquier país.
La parte positiva sería la de una mayor democracia, pero como puntos negativos sería la politización del sistema judicial de manera abierta, sin desconocer que ese factor está presente en el momento actual, donde impera el lobby, el pasillo por las oficinas judiciales, donde el padrinazgo ejerce un porcentaje por encima del conocimiento jurídico que viene debilitando la estructura judicial colombiana.
La financiación de esas campañas pone en tela de juicio la trasparencia de las mismas, que a la postre termina incidiendo en las decisiones judiciales, tema de gran importancia que seguramente dará para grandes debates académicos.
No olvidar que hoy por hoy el juez ejerce una soberanía que reside en el pueblo en cuyo nombre se hace justicia, ES A EL, A QUIÉN EL JUEZ DEBE RENDIR CUENTAS.
ADENDA DOS. Mala costumbre presidencial de cuestionar los pronunciamientos judiciales, su dogmatismo le impide ser sereno y ecuánime frente a los temas nación y los que tocan con la pasada campaña presidencial donde se investiga mal manejo de los topes electorales por parte del organismo competente.
En un estado de derecho todos los ciudadanos incluyendo al presidente debemos sujetarnos al marco normativo vigente, no hacerlo implica un manejo absolutista del poder.
*Ex magistrado
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