‘Falsos positivos’ en Antioquia: la JEP imputa a título de autor de crímenes de guerra y de lesa humanidad al general ® Mario Montoya Uribe, excomandante del Ejército Nacional, y a otros ocho militares por su responsabilidad en 130 casos ocurridos entre el 2002 y el 2003.
Crédito: JEP.
Bogotá, 31 de agosto de 2023. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció este miércoles que imputó a título de autor de crímenes de guerra y de lesa humanidad al general Mario Montoya Uribe, excomandante del Ejército Nacional, y a otros ocho militares retirados por su responsabilidad en 130 asesinatos y desapariciones forzadas presentados ilegítimamente como bajas en combate, conocidos como ‘falsos positivos’, entre el 2002 y el 2003.
Según la JEP, los imputados contribuyeron a generar las condiciones propicias para que se cometieran estos crímenes, mediante la presión por resultados operacionales, el encubrimiento de las irregularidades, el uso de un lenguaje violento que exaltaba el derramamiento de sangre y la desestimación de las capturas como indicador de éxito militar.
La decisión se da en el marco del Caso 03, que investiga los ‘falsos positivos’ a nivel nacional, y del Subcaso Antioquia, que priorizó el oriente de ese departamento, donde las unidades tácticas pertenecientes a la IV Brigada asesinaron y desaparecieron forzadamente a personas en 16 municipios.
Los otros imputados son los tenientes coroneles Julio Alberto Novoa Ruiz e Iván Darío Pineda Recuero, excomandantes del Batallón de Infantería No. 4 ´Jorge Eduardo Sánchez´ (BAJES), y cuatro subtenientes, un teniente y un soldado regular, antiguos integrantes de esa unidad militar.
La JEP consideró que los oficiales imputados tenían una posición de garantes de los derechos de las personas y que, por su rol en la institución militar, incidieron directamente en la aparición y consolidación del patrón macrocriminal de los ‘falsos positivos’.
La Sala de Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad les otorgó a los imputados un plazo de 30 días hábiles para que manifiesten si aceptan o no su responsabilidad. En caso de aceptarla, podrán acceder a las sanciones propias del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), que implican restricciones efectivas de la libertad por un periodo de entre cinco y ocho años. En caso contrario, serán sometidos a un juicio ante el Tribunal para la Paz y podrían enfrentar penas privativas de la libertad ordinarias.
La JEP también ordenó medidas cautelares para proteger los derechos de las víctimas y garantizar su participación en el proceso. Entre ellas, se encuentran la prohibición de salir del país sin autorización previa, la obligación de comparecer ante la JEP cuando sean requeridos y la abstención de realizar actos que atenten contra la dignidad o el buen nombre de las víctimas.
Esta es la quinta imputación que emite la JEP por el Caso 03. Anteriormente, había imputado a 15 militares por hechos ocurridos en el Catatumbo (Norte de Santander), a 10 militares por hechos ocurridos en Casanare, a 22 militares por hechos ocurridos en Arauca y a 28 militares por hechos ocurridos en Huila.
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