Por: José Ferney Paz Quintero
Imposible desconocer que las sociedades demandan cada día más de las organizaciones para que sean eficientes, ágiles, productivas, transparentes, como fundamento de su propia subsistencia y de la paz social que se anhela, factores estos que pareciera no se vienen dando cuando un altísimo porcentaje de la población no cree en ella, con calificativos despectivos e hirientes, por morosa, alejada de la realidad del país, estropeada por esos escándalos de corrupción, con funcionarios investigados por concusión, prevaricato, tráfico de influencias, no escapando a estas sindicaciones togados del más alto nivel como la reciente sentencia contra un ex presidente de la Corte Suprema de Justicia de apellido Tarquino, agregándosele a la lista de los Ricaurte, Bustos y otros de menor jerarquía.
Cierto es, que un Estado con una justicia cuestionada, estará siempre sometida a los actos delincuenciales, en perjuicio de la institucionalidad con grave riesgo para la convivencia ciudadana, donde las expresiones, ÉTICA y JUSTICIA están ausentes por desgracia en nuestro medio, siendo la primera uno de los valores más importantes por cuando persigue que las personas nos comportemos de acuerdo a las normas que nos rigen, y la segunda como valor busca la equidad, la igualdad entre los ciudadanos para bien de la armonía social, donde las instituciones deben actuar en debida forma, circunstancias estas olvidadas y atropelladas permanentemente, con un agravante doloroso, la laxitud institucional para hacerle frente a estos despropósitos.
Se ha dicho, que cuando una sociedad pierde la credibilidad, la confianza en su sistema judicial, se acerca peligrosamente al caos, porque estaría a punto de justificar la justica por mano propia, etapa que debe evitarse.
Se debe regresar a las épocas en que la magistratura se ubicaba en un sitial de honor, donde impartir justicia se hacía de una manera transparente, bajo los principios de honestidad, imparcialidad, humildad, profundidad jurídica, decidiendo a quien le corresponde el derecho, o sobre quienes se ejerce la acción sancionatoria del estado.
¿Los actuales magistrados y cuerpo de jueces serán conscientes de esa responsabilidad que conlleva ese estatus? Al parecer, por lo visto muchos de ellos no se han percatado de lo que representa tener ese poder delegado del estado de impartir justicia.
A tiempo de dignificar la justicia, la que está en cuidados intensivos y como tal debe ser tratada, es el llamado al alto gobierno, a la dirigencia nacional, partidos políticos, la academia, litigantes, se reconozca la gravedad del momento, actuando con reformas de fondo en las diferentes jurisdicciones.
ADENDA: Advertencia o notificación el pronunciamiento del Min transporte quien actúa como nuncio del presidente de la república a la administración distrital, de la necesidad de modificar el contrato para la construcción del metro capitalino por una parte subterránea, que ha levantado polvareda en los diferentes estamentos tanto políticos como sociales, apoyado en un concepto jurídico emitido por la oficina de un ex ministro de justicia, como ex consejero de estado.
A propósito recordar que ese profesional tiene pecadillos a bordo que no lo deja bien posicionado cuando en el pasado obtuvo un millonario contrato de servicios profesionales otorgado por el entonces fiscal Montealegre, a quién se le colaboró con un discutido fallo en el Consejo de Estado para permanecer en la entidad con un periodo individual y no institucional como lo establecían las normas legales existentes.
ADENDA DOS: Mientras la comunidad de Madrid – España celebra el lanzamiento de los carteles de las corridas de toros para la feria de San Isidro de este año 2023, (14 festejos) y se hace una férrea defensa de la tauromaquia, en nuestro medio unos dogmáticos arremeten contra esa actividad so pretexto de defender lo que no entienden, con una novedad, transmisión de las corridas por la televisión regional, con el slogan: “ cuidar la tauromaquia que es tradición, pero también futuro”.
*Ex magistrado.
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