La premisa constitucional existente sobre relaciones consonantes, respeto entre las ramas del poder publico, y colaboración armónica, pero siempre apuntando a la búsqueda de los fines del estado, está rota.
Y ese descalabro viene de tiempo atrás. Todas las constituciones creadas desde la primigenia constitución de Cundinamarca, consagró la tridivisión del poder político, un avance sin duda de la democracia. Si se mira el conjunto de las normas surgidas del liberalismo clásico, la justicia es el pilar más elevado que soporta su existencia. Sin justicia no hay libertades, sin libertades no hay democracia y sin democracia reina la anarquía y el caos. Peor aún, quienes la deben promover, respetar, y colocarla por encima de todos los deberes y obligaciones, no lo hacen. Es horrible como la manosean, cuando solo le sirve a sus intereses.
La injerencia de la política asquea la justicia, peor aún, cuando se deja asquear y el fenómeno axiológico se da, no porque penetre la conciencia de los jueces, lo es, por la enorme influencia burocrática que opera como una ventanilla giratoria «Tu me nombras y yo te nombró» con regularidad con los que manejar el poder, y ese poder se da desde arriba con el congreso y las altas cortes, en una escala menor la fiscalía y la procuraduría que son órganos más administrativos que judiciales o los híbridos como el Consejo superior de la judicatura, Consejo Nacional Electoral, Consejo Nacional de Disciplina Judicial y mas recientemente la Jurisdicción Especial para la Paz. Por fortuna la carrera judicial que se da en la promoción de jueces unitarios, les da un carácter más independiente para actuar y los blinda, como el caso de la togada Sandra Liliana Heredia que le corresponde el espinoso proceso contra el expresidente Uribe.
A los tribunales y las cortes se les hace menos tedioso las decisiones, por las posiciones pluralistas de sus miembros, Pero son en estas últimas, dónde más se presenta el flujo de intercambios burocráticos que permea la justicia y su absoluta independencia, pero como dijimos, no llega a tocar la conciencia de los togados, lo más inmaculado de la administración de justicia, hasta allá, no, pero el tema in comento es la carencia de esa independencia total que pregona la constitución, para que la justicia opere igual. Por gracia, la fiscalía no es un cuerpo judicial. El ex presidente Uribe creyó, que con su renuncia como senador, se salvaría de una sentencia en su contra contra los delitos que le acusan al bajar la competencia de la CSJ a los jueces unitarios, y queriendo acomodarse en una fiscalía de bolsillo, para que precluyera su proceso, no contó que los que imparten justicia son los jueces y no los fiscales. Tristemente quienes convierten la justicia en un espectáculo circense son los políticos y tratan de capturarla, cuando la afinan a sus sibilinos intereses. La mayor irresponsabilidad que atañe a los políticos que la defienden para su uso, es cuando se juntan con los medios de comunicación análogos a sus conveniencias, opinadores, copartidarios o el monstruo de mil cabezas enquistado en el pueblo sectario y fanatico, cariándolos para que se coman el cuento de la existencia de una malhadada persecución política.
Ningún proceso mediático en la historia del país, concita más la atención, que el juicio que se adelanta contra el señor Uribe Vélez. Toman partido en favor o en contra, todo tipo de opiniones, menos jurídicas, y peor aún, los que como juristas envían señales públicas desajustadas, afirmando que el proceso penal contra el ex, es una persecución judicial de sus contradictores politicos. Ocurrió Recientemente con un grupo de 38 «juristas» referido al comunicado que escuché el la FM que orienta Juan Lozano y quienes lo firmaban, eran «altísimas dignidades» según Lozano, entre los que se contaban exmagistrados y prestigiosos expertos y profesionales del derecho; revisando esa lista, la mayoría estan circunscritos al ámbito sabanero, solo encontré al abogado litigante en materia constitucional y administrativa, Germán Calderón España, conocido por sus posturas puramente Uribistas. Meter en un mismo costal las posiciones ideologizantes, con la decisiones judiciales, es un mal mensaje que ahonda con preocupación la polarización entre bandos políticos y damnifica los jueces frente a sus deberes eticos y profesionales. La libertad de expresión es uno de los fundamentos esenciales de la democracia, la que tiene sus límites, cuando se pone en boca de los políticos, pues ella tiene que ir blindada contra opiniones desobligantes, partidistas, inciertas, o personalistas contra la justicia que es uno de los pilares más importantes de la existencia del estado de derecho. A pocas horas de conocerse la decision judicial del líder político Álvaro Uribe Velez, por parte de la juez Sandra Liliana Heredia, se debe acatar su fallo con respeto y obedecimiento a las normas que rigen el estado de derecho. Cualquier opinión en contrario que mancille su nombre, va en contravía de la dignidad y grandeza que revisten las sentencias de los jueces. No hay nada peor que un político torciendo con sus opiniones, los fallos judiciales.
NOTA FINAL : El mismo expresidente Uribe, con sus ya acostumbradas salidas creando «el estado de opinión», el mismo que utilizó cuando fue presidente, viene enviando mensajes sobre tretas, persecución en su contra, trucos de sus contradictores, un ardid de su enemigo presidente Petro, utilizando sus copartidarios como el denunciante Iván Cepeda y sus defensores. Acude a todas las artimañas posibles para enviar el mensaje al país que el proceso en su contra, es una persecución política. NF # 2: Cuando se conozca el fallo de la juez Heredia, los defensores y el mismo Presidente Uribe, dirá si es a su favor, que «triunfó la justicia», pero si es en contra, «la justicia obró parcializada» y actuó acompazada con la izquierda y sus enemigos políticos.
