Por: Gonzalo Quiñones V.
Las declaraciones del gobernador Julián Gutiérrez Botero, sobre la industria licorera de Caldas, amerita aceptarlas como prudentes, pero de una gravedad insospechable, para el destino presente y futuro de la empresa. Reconocer que no quiere colocar el retrovisor de las causas originales de su calamitosa situación financiera, de producción, administración y orientación de su proyección nacional e internacional, es aceptar implícitamente que va rumbo a su desaparición parcial, léase liquidación, o cambio de su operación como negocio. Es un diagnostico preocupante y de incalculables repercusiones negativas para la misma estabilidad económica del departamento. Y un golpe artero para la educación en todos sus niveles, dada la dependencia que se tiene para su sostenimiento, condicionado al alcance y comportamiento de las ventas de los licores, en el mercado.
En otros términos alistémonos para recibir desconcertantes informes de orden administrativo y sobre todo penales de los implicados en este descalabro total de unas de las instituciones más preciadas, en el ángulo empresarial del denominado departamento modelo de Colombia. Y que como se “ven las cosas” por aquello de la intuición ciudadana, estamos abocados entonces a otro ROBO, DESANGRE Y ATROPELLO INSTITUCIONAL.
Los medios de comunicación en general deben estar atentos a este caso y ofrecer la visión analítica sobre el particular, de tal manera que no “quedemos embriagados otra vez por la impunidad”, por los abusos de la público o de lo privado. La industria licorera de Caldas, reclama atención.
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