Frente a los permanentes escándalos, denuncias, investigaciones unas finalizadas, otras en los anaqueles de los despachos judiciales, donde el vencimiento de términos, como el manoseado principio de oportunidad se constituyen en las principales etapas de los procesos que comprometen a dirigentes políticos, como a altos funcionarios de estado, en actos de corrupción y defraudación del erario.
Lo mínimo que podría esperar la sociedad colombiana que observa perpleja los reiterados casos de indelicadezas administrativas, es que dichas investigaciones se realicen con firmeza buscando desmontar pieza por pieza esa urdimbre de poder sucio, ilegítimo y oprobioso que tiene sometido al país y lo seguirá así, sino se aplica el rigor de ley y se produzcan los fallos contra los responsables de abusar de sus cargos como de la representación popular.
De no ser así, se estaría frente a una gran decepción colectiva e incredulidad del sistema judicial en mora de recobrar la confianza ciudadana.
A tiempo que nuestra clase política, actual, como futura, asumieran como propios los principios y fundamentos de la labor de un verdadero dirigente como orientadores sociales, que proyecten credibilidad, venida a menos por esos frecuentes escándalos, gobierno tras gobierno, laborando por el bien social, coherentes entre sus palabras y sus acciones, honrando las promesas de campaña.
Lo expresado no es más que el desarrollo del mandato constitucional del artículo 133 que alude a que “los miembros de los cuerpos colegiados de elección directa representan al pueblo, y deberán actuar consultando la justicia y el bien común.” ¿Será que lo habrán leído?
Oportunidad para traer la frase del maestro y ex presidente Darío Echandía, denominado la conciencia jurídica del país: “En política, se puede meter las patas, más no las manos”.
ADENDA UNO: Según concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, el CNE es competente para continuar la investigación administrativa por las presuntas irregularidades en la financiación y presentación de informes de ingresos y gastos frente a las campañas de consulta interpartidista y presidenciales de primera y segunda vuelta del año 2022 de la coalición pacto histórico, en las cuales fungió como candidato el señor Gustavo Prieto Urrego e imponer las sanciones correspondientes.
Es de esperarse que esta corporación ejerza con autonomía e independencia su tarea misional, donde su credibilidad ante la opinión pública es prácticamente nula por su origen político, que para sus críticos lo consideran como una comisión más del Congreso de la República.
ADENDA DOS: Lamentable como desconcertante el silencio casi que cómplice del gobierno nacional frente al fraude electoral en Venezuela.
Esa omisión del jefe del ejecutivo como cabeza de la política exterior demuestra la afinidad con el sátrapa venezolano, mutismo que va en contravía con la locuacidad para referirse a otros temas internacionales.
*Ex magistrado
Visitas: 0