Para que se pueda hablar de la existencia de una verdadera democracia hay un mínimo de condiciones que se deben cumplir, pero sobre todo las que se puedan abarcar en el concepto de de los derechos humanos y de justicia.
Si bien los derechos fundamentales del individuo son importantes, pero la democracia consiste en algo más, que tiene que ver con las posibilidades efectivas de realización de esos derechos.
Lo anterior para afirmar, como la sociedad actual ve con asombro y preocupación que el elemento disolvente del bienestar social lo constituye la creciente inseguridad ciudadana, el secuestro, el narcotráfico, las actividades clandestinas, la corrupción administrativa y política, un gran porcentaje de áreas urbanas y rurales en poder de la insurgencia, los desatinos gubernamentales en la relación del gobierno con la otras dos rama del poder público, configurando un clima de excepcional gravedad y perturbación de la vida cotidiana.
A este ambiente de incredulidad, se le suma la lentitud judicial para tomar las medidas correctivas para aquellos que han transgredido la ley, ejemplo de ello lo constituye la morosidad en el caso de la Unidad de riesgo, tanto por la fiscalía como por ente encargado de investigar a los aforados constitucionales, que nos hace pensar en otro caso más de total impunidad, que mina la confianza pública en las instituciones básicas y alimenta las conductas desafiantes de grupos e individuos que abiertamente desconocen las autoridades legítimas.
Le corresponde al ejecutivo central tomar medidas efectivas para devolverle al ciudadano la confianza en sus instituciones, menos polarización, más gobernanza, respeto por el libre disenso, la crítica no puede ser vista como un sicariato moral, como una agresión o deslealtad, sino como la oportunidad de dar claras explicaciones a quien las solicita.
Ahora bien, la posibilidad de escuchar y valorar opiniones ajenas, fortalece la democracia, ojalá así lo entendieran desde el alto gobierno, el dogmatismo es mal consejero.
ADENDA. Un país agobiado con tantos problemas sociales, políticos, administrativos, de orden público, protestas semanales, taponamientos de vías arterias, una salud en cuidados intensivos, ausencia de una clara política de vivienda, la débil posición frente al tema venezolano que más parece un apoyo tácito al sátrapa, nos sorprende con una de las tantas ideas del jefe de gobierno de modificar el escudo patrio agregándole el término “justo“, a la palabra, “orden”.
¿Será prioritario este tema frente a los dedicados asuntos de estado donde una tercera parte del territorio nacional está en poder de las fuerzas insurgentes, con un averiado proceso de paz donde no se vislumbra entendimiento alguno con esas agrupaciones que tanto daño le ha hecho a la deseada concordia nacional?
En lugar de ocupar el legislativo en estos proyectos que no le representan beneficio alguno al ciudadano de a pié, como no hacerlo con proyectos de calado social, de rebaja a los servicios públicos, de reordenamiento territorial, como aliviar la situación de los deudores frente al sistema financiero por la irregular liquidación de intereses, que solución se le puede dar a través de la ley a la deserción escolar infantil, y otros temas que respondan al concepto de estado social de derecho. Lo demás es paisaje.
ADENDA DOS. La afirmación presidencial de desvincular de inmediato al funcionario vinculado a hechos de corrupción tendría certeza si esa tesis se aplicara para casos específicos de conocimiento público, denuncias puntuales contra el diplomático ante la FAO, o las muy directas contra el sumiso min hacienda en el sonado caso de la Unidad de riesgo.
Coherencia en el actuar, como la actitud lógica y consecuente con los principios que se pregonan.
*Ex magistrado
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