Por: Fabio Olmedo Palacio Valencia
Una grave amenaza se cierne hoy sobre el departamento del Quindío y sus habitantes: la exploración y explotación minera. Las mismas que, contrario a lo que podría pensarse, tienen en la actualidad a muchos departamentos sumidos en la pobreza, la criminalidad y el deterioro ambiental sin precedentes. En muchas de estas regiones la minería se recibió como bendición y hoy la padecen como maldición.
Debemos emular las acciones de quienes con argumentos técnicos y ambientales irrebatibles defendieron a Caño Cristales, en la Sierra de la Macarena en el Meta, y condujeron a que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA- revocara la licencia ambiental que le había otorgado a la empresa estadounidense Hupecol para la exploración petrolera en aquella región.
Acciones de igual carácter y contundencia debemos iniciar todas las fuerzas vivas del Quindío ante la Agencia Nacional de Minería -ANL-.
Quienes amamos al Quindío debemos oponernos y evitar que la minería se desarrolle en este departamento e imponga su legado de destrucción social, económico y ambiental. Debemos elevar nuestra voz con vehemencia para que el gobierno nacional nos escuche y, si lo ha contemplado, revoque los hasta ahora otorgados y desista de entregar más títulos mineros para la exploración y explotación minera en nuestro territorio. Es nuestra obligación lograr que estas tierras se conviertan en zonas señaladas como excluibles de la minería.
Existen razones muy poderosas para oponernos a que continúen aprobándose contratos de concesión para la exploración y explotación minera en el Quindío: de acuerdo con un estudio de la Contraloría General de la Nación, publicado en el 2014 titulado: ‘Minería en Colombia: institucionalidad y territorio, paradojas y conflictos”, es inocultable que aquellos departamentos que se dejaron obnubilar y convencer por la ilusión de la inversión extranjera, las exportaciones y el desarrollo que les traería la minería, terminaron sumergiéndose en un retraso frente a los departamentos no mineros.
El ejemplo más crítico es el del Chocó que desde el 2009 incrementó la explotación de oro hasta alcanzar el 39% de la producción nacional y donde se acumula un índice de pobreza del 74%, solo superado por su déficit de vivienda que supera el 82%.
Según la contraloría en el 2014 la minería en Colombia generaba cerca de 238 mil empleos, esto es apenas el 1,2% del empleo en el país para la época, pese a las multimillonarias ganancias que genera. Esta cifra es irrisoria frente al empleo que genera la industria, 2,7 millones, o el sector agropecuario con 3.6 millones.
Preocupante es también la violencia que surge junto a la minería. En todas las regiones mineras es normal ver la aparición de grupos criminales cuyo principal objetivo es controlar, con terror y muerte, la producción local. Como lo evidencia el estudio la explotación del oro en los departamentos productores (en el Quindío hay aprobados 38 títulos para la exploración aurífera) “ha superado al narcotráfico como la principal fuente de financiación de las bandas ilegales”.
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