La Defensora del Pueblo Piedad Correal Rubiano prendió las alarmas entre las autoridades con el objetivo de prevenir las posibles situaciones que se podrían presentar.
Pese a que las Leyes 023 del senado y 256 de la Cámara de Representantes las cuales reforman el código penitenciario en Colombia favorecen a muchos internos con libertades condicionales, prisiones domiciliarias y beneficios judiciales, también establece una serie de responsabilidades para las alcaldías y gobernaciones en todo el país.
En este orden de ideas quedó en manos de las administraciones la detención preventiva de los asegurados; de allí que en seis meses se deberá presentar un documento Conpes para indicar de donde saldrá el dinero para el cumplimiento de dicha responsabilidad.
La funcionaria advirtió sobre la necesidad de estar preparados ya que con la nueva reforma se podría volver a presentar hacinamientos como los vividos el año anterior y que requirieron de la declaratoria de una emergencia carcelaria.
Según la Defensora Piedad Correal, se viene una avalancha de solicitudes por parte de los presos; razón por la cual se solicitó al Inpec la adecuación de las instalaciones de las cárceles de la zona para realizar dentro de los establecimientos penitenciarios las audiencias con la participación del juez de ejecución de penas, el recluso y el defensor.
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