Quienes viven en la conocida aldea de los comunicadores enfrentan hoy su más grande temor, el desalojo del cual el próximo 6 de Diciembre serán victimas gracias a la orden del Juez Tercero Civil Municipal.
Por: Angélica Bermúdez
Más de 30 familias quedarán literalmente en la calle cuando el próximo 6 de diciembre sobre las 9 de la mañana los obliguen a desalojar el inmueble que han habitado por más de una década; niños, jóvenes y adultos mayores quedarán a la intemperie por la decisión de un Juez de la capital quindiana quien ordenó devolver el terreno propiedad del Gobierno Departamental donde fue construida la unidad habitacional que hace mas de 10 años fuese entregada a los socios de Asopromeco.
Trabajadores de los medios de comunicación fueron beneficiados poco después del terremoto por una ONG Española quien donó totalmente gratis los apartamentos para los comunicadores, la asociación Asopromeco debería conseguir el lote para su construcción, y fue así como en el gobierno de Henry Gómez Tabares el periodista y ex diputado Nelson Sabogal logró a través de una ordenanza de la duma cedieran en comodato a Asopromeco el lote donde antiguamente funcionaban los Talleres del Departamento. Como contraprestación a la ONG Española por la donación de los apartamentos el gobierno se comprometía a construir un salón múltiple para brindar capacitación a los habitantes de la comuna y a donar equipos de comunicación para la puesta en marcha de una emisora comunitaria, hechos y compromisos que quedaron en letra muerta, pues han pasado ya 4 mandatarios y hasta la fecha de los compromisos nada; Ni Henry Gómez Tabares, Luis Fernando Velásquez, menos Amparo Arbeláez, y ni hablar del pésimo gobernador Julio Cesar López o la actual mandataria han dado cumplimiento a los compromisos adquiridos como contraprestación por la donación de la unidad habitacional para los periodistas de la región. A cambio de eso hoy los quieren sacar.
Dilatando
Administraciones anteriores demandaron la pertenencia del lote donde fue construida Villa Flor y solicitaron ante un Juez la devolución del mismo, pleito jurídico que término ganando el gobierno departamental y donde se condenó a Asopromeco a pagar una suma de 820 millones de pesos y a devolver el bien que hasta la fecha usufructuaban. Generando con esto que más de 30 familias hoy no duerman tranquilas pensando en donde irán a vivir luego del 6 de diciembre. Esta promesa si la cumplieron a las buenas o a las malas recuperaron el terreno.
A la actual mandataria Sandra Paola Hurtado Palacio le ha tocado lo que popularmente muchos llaman el “chicharon”, pues los periodistas y trabajadores de medios de comunicación propietarios de los inmuebles muchos de los cuales fueron mejorados en sus condiciones habitacionales y ya acostumbrados a los ultrajes y maltratos de las administraciones, piden a gritos una solución.
La Gobernadora ha sido enfática en afirmar que los comunicadores y periodistas que realmente habitan allí y se benefician del predio contarán con su total respaldo y apoyo, indicó además que se están buscando soluciones para ver hasta qué punto es viable hacer una conciliación entre las partes que permita concertar el tema entre la asamblea y la Promotora de Vivienda para que los afectados no queden literalmente en la calle.
Dirigentes de Asopromeco han indicado que claman del gobierno departamental un compromiso explicito que quede por escrito, donde se garantice que sus familias tendrán nuevamente un techo digno donde vivir y ellos donde pasar sus últimos años de vida luego de entregarle a la región toda una vida de trabajo y esfuerzo en pro del desarrollo de la zona a través de la información.
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