Con una mezcla de beneplácito y tristeza conocimos la sentencia del Consejo de Estado de 02/08/24, mediante la cual se declara la responsabilidad patrimonial de la Contraloría General de la República por la suspensión del gobernador de Caldas, Mario Aristizábal Muñoz, en 2011, y la condena a indemnizarlo por perjuicios materiales y lucro cesante.
Beneplácito, porque fuimos testigos de la persecución inclemente de la Corporación Cívica de Caldas al exgobernador, instrumentalizada a través de la entonces Contralora General de la República, Sandra Morelli Rico, quien terminó suspendiéndolo en virtud de la prerrogativa de “verdad sabida y buena fe guardada”, que la investía de facultades inescrutables, causando un perjuicio irremediable que hoy queda, ¡por fin!, esclarecido y castigado.
Y tristeza, porque es después de trece años de un acribillamiento mediático, moral, económico, social y familiar que una última instancia judicial entra a hacer justicia y devela los comportamientos soterrados y dantescos de aquellos personajes que, aunque ya sean cadáveres físicos o solo espectros de pesadilla, acabaron con la imagen del departamento, se apoderaron de muchas de sus empresas, minaron otras tantas, y supieron valerse del poder nacional para desterrar a sus rivales políticos o personales. ¡Trece años! ¿Y por los sufrimientos y penas de la familia quién responde? ¿Y quién, por las puertas cerradas, el acoso social, los traumas infantiles de sus hijos, el señalamiento mediático, y la persecución económica, financiera, laboral y profesional? ¡Habrá que esperar la Justicia Divina entonces que, en últimas, es más rigurosa y dolorosa!
Por eso la mezcla de sentimientos. Porque, a pesar de que en su momento dejamos en evidencia los atropellos e irregularidades que se estaban cometiendo, fue una suspensión alabada en diferentes círculos de nuestro canibalismo caldense, especialmente en aquellos que, utilizando la mencionada corporación, se estaban apoderando de todas las instituciones y asumían el papel de jueces y parte, arrasando con la honra y bienes de las personas, y causando graves perjuicios a la estabilidad personal y familiar de sus perseguidos.
¿Después de la sentencia, qué tienen para decirle estos maquiavélicos personajes a Mario Aristizábal Muñoz por los daños que le causaron; o a sus hijos inocentes, que tuvieron que crecer traumáticamente en medios hostiles; o a su esposa, que se tuvo que marginar de la vida normal en sociedad; o a sus hermanos y demás familia, que sufrieron lo indecible ante las injusticias; o a Caldas, que se vio sometida al escarnio nacional? ¡Irresponsables!
Creo que es necesario un mea culpa. La Corporación Cívica de Caldas, que hoy trata de resurgir con nuevo aliento, sabe que su actuar fue mezquino en esa época y hoy, como entidad, si bien no puede remediar los males causados, sí debe hacer, aunque sea, un acto de contrición. Y la sociedad caldense, hoy más que nunca, debe rechazar a quienes tratan de convertir sus visceralidades, derrotas e ineptitudes personales en conflictos públicos y persecuciones mediáticas pues, como ya vemos, las consecuencias son incalculables.
JORGE ENRIQUE PAVA QUICENO
C.C. 10.259.699 DE MANIZALES
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