Según los últimos estudios realizados el Quindío sigue presentando crisis en el sector carcelario, hoy se analiza la difícil situación con la directora regional del INPEC.
60 detenidos que hoy están colapsando el CAI Santander, las instalaciones de la URI, la SIJIN, y la estación de Policía de Calarcá, se han convertido en el dolor de cabeza para las autoridades regionales. Según información suministrada por la Secretaria del Interior Gloria Inés Gutiérrez estas instalaciones no dan abastos con tanto delincuente que debe permanecer en los sitios transitorios mientras se encuentra cupo en una de las cárceles del departamento.
El hacinamiento carcelario se está saliendo de las manos, y el Quindío no es ajeno a esta problemática, centros penitenciaros como Peñas Blancas, San Bernardo, y María Cristina, no dan abasto, la violación a los derechos humanos es evidente; celdas de tamaños irrisorios y las cuales deben ser compartidas entre más de cinco personas, presos durmiendo prácticamente en el piso, infraestructura deteriorada y con poca capacidad, son algunas de las problemáticas más visibles que hoy tienen en jaque el sistema carcelario.
Con la directora regional
Según la funcionaria, en el Quindío no hay emergencia carcelaria, esta ya paso a emergencia social, motivo por el cual hoy se desarrolla una reunión de emergencia con la Directora del INPEC regional donde se desarrollará un seguimiento carcelario con el objetivo de realizar compromisos claros que permitan solucionar de fondo la crisis.
Más de 60 sindicados están hacinados en los sitios de detención transitoria hecho que viola notablemente los derechos fundamentales y humanos de las personas.
Para la mandataria seccional es claro que mientras exista hacinamiento carcelario es imposible lograr una verdadera resocialización de esta población.
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