Por: Jota Domínguez G.
Especialista en Derecho Constitucional.
Dice el artículo 258 de la Constitución Política de Colombia que “el voto es un derecho y un deber ciudadano”… Parágrafo 2: “Se podrá implementar el voto electrónico para lograr agilidad y transparencia en todas las votaciones”.
La Comisión Primera del Senado aprobó hace pocos días el voto obligatorio para los colombianos. Pero faltan siete debates con sus correspondientes aprobaciones para que empiece la orden de votar obligatoriamente.
Una sentencia del Tribunal Supremo de España (del 20, 12, 1990, citado en López Guerra et al. 1991: 265) declaró que la función pública del sufragio supone que “el derecho de sufragio presenta a su vez como reverso su aspecto de obligación ciudadana, sobre cuyo ejercicio descansa la entera arquitectura del sistema democrático”.
Algunos países definen el voto como un respaldo a su obligatoriedad. Venezuela, Uruguay, República Dominicana, Perú, Paraguay, Panamá, México, Honduras, Guatemala, El Salvador, Ecuador, Chile, Costa Rica, Brasil, Bolivia y Argentina establecen el voto obligatorio. En estos países el voto es un deber y una función.
La función del voto sigue siendo, básicamente, ordenar legítimamente a quienes ocupan los cargos de dirección política en el Estado. Dice López Guerra (ya citado) que “en nuestros días, el ciudadano no sólo ejerce su derecho a votar (derecho a participar) sino que también contribuye a la formación de la voluntad del Estado y al buen funcionamiento del Estado democrático” (et al. 1991: 264). Y es precisamente esta parte de este autor que interesa comentar aquí. En Colombia se vota para elegir a quienes proporcionan beneficios personales, y no existe en el mandante o elector preocupaciones para que el gobernante actúe bien, cuando debe primar elegir a un buen gobernante, razón que poco se utiliza. Por ello es que ahora el Congreso busca obligar a votar, para ganarle a un abstencionismo que todos los días progresa y, aunque abstenerse es una expresión voluntaria como desarrollo de un derecho particular, es bueno preguntarse si es importante que se obligue a ejercer un derecho. Personalmente apoyo el voto obligatorio porque ayudaría a fortalecer una democracia que todos los días se sirve de inútiles, corruptos, empresarios electorales y gobernantes que hacen de todo, menos gobernar. El voto obligatorio encarecería el voto y alentaría el voto de opinión.
Sinceramente me queda el guayabo de que un derecho sea obligado. Aquí también debe hacerse mucha pedagogía para convocar al votante o elector a elegir bien, apoyando candidatos que no compren votos, que no paguen votos, que den la cara en elecciones, pasadas las mismas, y que sean capaces de conectarse con las necesidades populares. Para que el voto obligatorio también sea estimulado, debe facilitarse la participación del elector, por ejemplo, con el voto electrónico, para votar desde el comedor de la casa o de un restaurante, animando con mayores beneficios electorales legales a los participantes. Así, el voto obligatorio dejaría de sentir el peso de que un derecho obligado deja de ser un derecho. También es mi obligación comentar que, pese a que en los países arriba nombrados el voto es obligatorio, se presenta la abstención, la cual es sancionada de diversas maneras, dependiendo del país. Tenemos, pues, un derecho contradictoriamente obligado, y una obligación contradictoriamente no obligatoria. Recordemos una vez más que para que opere esta reforma se requieren ocho debates. Apenas va el primer debate, y dicen en el Congreso de Colombia, que el primer debate, al igual que una demanda, en Colombia, no se le niega a nadie.
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