No cabe duda de que los fallos judiciales hay que acatarlos y respetarlos. Es una de las bases del Estado de derecho por el que millones de colombianos nos la hemos jugado, y al que le seguiremos apostando mientras nos dejen vivos. Pero el respeto y acatamiento a la majestad de la justicia, no significa que quedemos coartados, ni que debamos renunciar a la libertad de opinión y de expresión que son derechos fundamentales.
Por eso es válido protestar ante las irregularidades evidenciadas durante el juicio en contra de Álvaro Uribe Vélez. Y no es la condena en sí lo que nos aterra, pues el juez está facultado para dictarla. Además, porque mientras se agotan las vías judiciales correspondientes subsistirá la presunción de inocencia, y los resultados pueden variar sustancialmente en instancias superiores.
Lo que indigna y preocupa realmente es la validación de anomalías evidenciadas en el juicio y que la propia togada, reconociéndolas como irregulares, las valoró como pruebas en contra del procesado. Indigna, porque no existe una lógica legal que conduzca al funcionario judicial a darle validez a algo que expresamente reconoce como viciado; y preocupa, porque se sienta un precedente que terminará afectando la seguridad jurídica de todos los ciudadanos, incluyendo a quienes hoy disfrutan y se solazan con el fallo.
¿En adelante entonces los jueces podrán avalar una interceptación ilegal de comunicaciones, una grabación ilegal y adulterada, la invasión de la privacidad entre el abogado y su cliente, o cualquiera otra irregularidad procesal o probatoria? Si para proferir una condena el juez debe tener una certeza más allá de toda duda razonable, ¿cómo concebir un fallo rodeado de incertidumbre, flaqueza probatoria y falta de demostración de culpabilidad, como quedó plasmado ante millones de personas que asistimos a este juicio?
Nuestra protesta es válida y la hacemos desde los medios que están al alcance. La del procesado también lo es, y seguramente quedará plasmada en los recursos de ley. Por lo pronto, seguiremos esperando que los jueces en su sabiduría se pronuncien.
Pero lo que si es indudable es que los acontecimientos políticos que se desprenden de este juicio, tienen unas repercusiones que la camarilla de la izquierda radical no esperaba. Porque resucitaron a un líder, lo victimizaron y movieron un sentimiento de solidaridad hacia él que nunca calcularon. Porque le dispararon tantas veces y desde tantos frentes, que el solo hecho de sobrevivir a los ataques lo hacen más fuerte y más peligroso para sus intereses. Porque la utilización de “todas las formas de lucha” sirvió para conducir al procesado hasta el borde del abismo, y allí lo subieron a una tribuna desde la cual será doblemente escuchado. ¡Fue un tiro en el pie! ¡Vienen cosas grandes!
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Condenan a Uribe por meras sospechas, mientras Nicolás Petro, confeso delincuente, sigue impune. Los computadores de Raúl Reyes fueron desestimados para proteger a la izquierda, mientras hoy se convalidan múltiples ilicitudes para proferir una condena. ¿Justicia selectiva? ¿Privilegios ideológicos? ¡Qué peligro!
