En el Quindío la liquidación de Saludcoop afecta a miles de usuarios. Las autoridades también permanecen alertas sobre la evolución de la delicada situación en materia de salud.
La crítica situación por la liquidación de Saludcoop toca las venas en el Quindío. Miles de usuarios no saben sobre su futuro en materia de salud, comenzando un largo peregrinaje para establecer la verdad, el camino será complicado para todos aquellos pacientes que revisten gravedad. La carga en las antiguas instalaciones de Salucoop es verdaderamente preocupante, decenas de pacientes se acercan a sus instalaciones en procura de atención y en busca de mayor información. Los organismos de control permanecen en máxima alerta.
Precisamente en su recorrido por algunas regiones del país, el procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez, dijo sobre la liquidación de la EPS SaludCoop, hecho por el Gobierno Nacional, que millones de colombianos están expuestos por causa de la ineficiencia.
Ordóñez expresó que los ciudadanos están muy preocupados y en muchos casos expuestos frente a la ineficiencia del servicio de salud.
“Hay temas muy sensibles en la liquidación de SaludCoop: los eventuales beneficiarios de esa liquidación y el riesgo en que estarían más de cuatro millones de usuarios. La Procuraduría está muy preocupada.
De acuerdo con el jefe del Ministerio Público, la “Procuraduría tiene muchas preocupaciones, desde hace varias semanas se ha venido logrando percibir exactamente el tema con el Ministerio de Salud, con las EPS, las IPS y los médicos”.
Sobre el caso de la Springer
Igualmente, preguntado por periodistas, el jefe del órgano de control explicó la actualidad procesal frente a quejas, denuncias e informes periodísticos por millonarias contrataciones entre la señora Natalia Springer y la Fiscalía General de la Nación.
“Fue una queja y a partir de informaciones que han aparecido en los medios de comunicación. La Procuraduría le ha dado trámite. El auto que se ha conocido hoy es parte de los trámites y procedimientos normales que se hacen para esos eventos, para verificar o desvirtuar. Es deber de la institucionalidad recaudar los insumos necesarios para tener claridad, se trata de conocer las versiones de las personas que fueron actores de estas actuaciones administrativas”.
No obstante, Ordóñez dijo que la entidad no se puede apresurar o hacer juicios de valor porque estaría violando el debido proceso.
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